La periodista cubana Camila Acosta podría ir a prisión con una sanción que va desde 3 meses a un año por “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”, delitos por los que tiene una causa abierta después de cubrir las históricas protestas del 11 de julio en la Isla.
“Yo estoy desde el 16 de julio bajo reclusión domiciliaria, es decir, estoy en espera de juicio por reportar las protestas del 11 de julio. Ya llevo más de 100 días, más de tres meses, cumpliendo esta medida cautelar. Según la Ley de Procedimiento Penal, el proceso de investigación puede extenderse hasta 6 meses, pero no creo que tengan mucho que investigar, ya que en los interrogatorios yo reconocí que había participado en esas protestas como reportera, y que lo volvería a hacer”, dijo a Radio Televisión Martí la comunicadora, residente en La Habana.
Acosta fue encarcelada el 12 de julio, pero, aparentemente, la indignación pública internacional por su detención logró su excarcelación cinco días después de su aprehensión, y que las autoridades cubanas cambiaran su medida cautelar a arresto domiciliario hasta que se cierre el expediente en fase preparatoria No.50, la Fiscalía haga su petición y se determine la fecha del juicio.
“Hay dos supuestos testigos -uno de ellos, un policía- que alegan haberme visto en la zona del Capitolio gritando ‘consignas contrarrevolucionarias’ e incitando al resto de las personas a hacer lo mismo. Pero nada de eso pasó. Yo me centré en mi papel de periodista, en documentar lo que estaba sucediendo”, recalcó.
La reportera está sometida a la vigilancia permanente de cinco efectivos policiales apostados en la esquina de la casa, una patrulla con dos agentes uniformados, dos mujeres vestidas de civil y un oficial de la Seguridad del Estado.
“En caso de que yo quiera salir, tendría que pedirles permiso, y sólo me admiten ver al abogado para cuestiones de salud. Las tres ocasiones, aproximadamente, que he salido, ha sido para ver a mi abogado. Me han seguido hasta las afueras del bufete colectivo y, luego, de regreso a la casa”.
“A estas alturas, yo creo que ellos me van a tener así los seis meses que les permite la ley, y entonces decidirán que hacer porque, realmente, lo que ellos pretenden es mantenerme controlada, hostigada, para para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer”.
Muchos opositores al régimen se han visto obligados a elegir el exilio, como la mayoría de los miembros del Grupo de los 75, sentenciados a altas penas en 2003 y, recientemente, el artista Hamlet Lavastida y su novia, la escritora Katherine Bisquet, desterrados a Polonia, y la influencer santiaguera Ruhama Fernández, quien llegó hace pocos días a Estados Unidos.
