En el balance realizado a tres años de las históricas manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 por la organización independiente Prisoners Defenders (PD), indica que la cifra de presos políticos en Cuba suma un total de 1,728.
Tras algunas excarcelaciones (611, por cumplimiento de condena), en el mes de junio de este año la cifra es de 1.117, incluyendo la incorporación a ese listado de cinco nuevos prisioneros políticos, en lo que PD denomina como “escalada de represión criminal del régimen de Cuba”.
Cuando ocurrió el estallido nacional del julio de 2021, explica PD, en los registros sólo se contabilizaban 150 presos por razones políticas.
En la actualidad, 11.000 “civiles jóvenes, afrocubanos en su inmensa mayoría no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, sufren condenas ‘precriminales’, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa”, denuncia la entidad de derechos humanos.
“Cada año se ha condenado a prisión, desde hace décadas, a una media de 3.850 personas por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal”, afirma PD.
Prisoners Defenders destaca el caso de la presa política Sulmira Martínez Pérez, para quien la fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel por animar a los cubanos en redes sociales a protestar contra el gobierno, y el del activista José Antonio Pompa López, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, supuestamente por lanzar proclamas contra la dictadura”, destaca PD.
En relación a ambos procesos, la ONG llama atención acerca de la ausencia de “supervisión judicial”, así como del debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional.
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