La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su informe anual de 2021 los abusos cometidos contra las cubanas que fueron arrestadas por protestar en las manifestaciones antigubernamentales ocurridas ese verano.
El organismo regional que vela por los derechos humanos dijo que en el contexto específico de las protestas sociales, la Comisión toma nota de las denuncias de defensoras de derechos humanos que señalan haber sufrido actos de acoso, intimidación, exigencia de desnudez durante la detención, y amenazas dirigidas a sus hijos.
La CIDH hizo un llamado al Estado a adoptar y fortalecer políticas de prevención de actos de violencia contra las mujeres con un enfoque integral que aborde las distintas manifestaciones de la violencia, tomando en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en determinados contextos; asimismo, llama al Estado a investigar, sancionar y reparar con debida diligencia los actos de violencia contra las mujeres con enfoque de género.
De manera general, la entidad aseguró en el reporte que en Cuba persisten limitaciones normativas que obstaculizan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
La CIDH destacó que Cuba no posee una legislación con una definición general de discriminación contra las mujeres y resaltó la ausencia de una ley que prohíbe la de violencia de género.
El informe apuntó que Cuba no pertenece a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém Do Pará), “Instrumento interamericano de defensa y protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación”.
Con preocupación la CIDH recalcó que el feminicidio no está tipificado y que no existe un marco de protección efectivo de las mujeres frente a la violencia, “al establecer que los casos de violación sean investigados siempre ex parte y permitir que los procesos penales sean interrumpidos si las víctimas retiran la denunció”.
Es por ello que en el informe se hace un llamado al Estado a adoptar un marco legislativo que visibilice el desequilibrio estructural que enfrentan las mujeres en el goce de sus derechos y sea acorde con los principios rectores en la erradicación de la violencia y discriminación basada en género.
La Comisión resaltó que existe una ausencia de datos oficiales consolidados y actualizados que permitan hacer realizar un análisis de la situación de violencia y discriminación contra las mujeres en el país. La falta de datos, asegura la CIDH, impide que se mejoren las políticas que conciernen a las mujer que permitan transformar las condiciones estructurales de discriminación y violencia.
Finalmente, la Comisión tomó nota de las denuncias de la sociedad civil organizada acerca de la falta de acceso a productos de higiene menstrual por ello reiteró "su llamado al Estado de asegurar un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud que sean sensibles a los requisitos de género178, incluyendo el acceso a productos de higiene menstrual".
