La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un comunicado que condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua realizadas el 7 de noviembre, e insta al Estado a cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al Gobierno y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses.
Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país. Estos actos habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del gobierno. Según la información recibida, por lo menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de Gobierno, como forma de intimidación.
Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observa con preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral, tales como la prohibición de acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales; actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, violando las leyes internas en la materia; y la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios.
Con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recibieron información sobre funcionarias y funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega, así como a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación, bajo amenaza de despido. Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a las y los estudiantes de medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron despedidos.
Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación respecto del discurso del Presidente Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el día 8 de noviembre, en el que se refirió de forma ofensiva e intimidante a las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral, entre las que se encuentran, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, personas defensoras y precandidatas presidenciales, indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país. Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal. Por lo que, autoridades del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los derechos humanos.
La Comisión urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, a cesar los ataques en contra de opositoras y opositores, y toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información. Asimismo, el Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales. En igual sentido, la CIDH y la REDESCA llaman a aplicar el principio de no discriminación e igualdad en la educación y el trabajo, recordando que la opinión política no puede ser motivo de exclusión en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
(Comunicado de la CIDH)
