La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por “la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias por parte del Estado de Cuba con el fin de obstaculizar el desarrollo de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, que finalmente no se realizó”.
La CIDH señala en un comunicado que “según información pública, integrantes de la plataforma Archipiélago y de otros grupos de la sociedad civil solicitaron autorización a las autoridades competentes para llevar a cabo la marcha pacífica contra la violencia y a favor del respeto a los derechos humanos, y por la liberación de presos políticos en el país”. Sin embargo, las autoridades cubanas denegaron la solicitud por considerarla ilícita y por no reconocer la legitimidad de las razones que presentaron para la misma.
Asimismo, dice la Comisión que “tomó nota de que la Fiscalía General de la República habría advertido a las personas organizadoras que de insistir a la protesta, serían acusadas de varios delitos, entre ellos desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir”.
“Se recibió información también sobre diversos actos represivos e intimidatorios durante entre el 12 y 15 noviembre, reportes de alegadas retenciones domiciliarias con vigilancia policial, detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento en contra de las personas organizadoras y de quienes apoyaban la marcha, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, amenazas de imputación de delitos y cortes deliberados en el servicio de internet”, señala la CIDH.
Añade que “estas acciones represivas conllevaron a un escenario generalizado de "temor y autocensura, y desalentaron el ejercicio del derecho de protesta por parte de la ciudadanía”.
La Comisión también menciona que periodistas de diversos medios de comunicación independientes como 14yMedio, ADN Cuba y La Hora de Cuba habrían sido citados a interrogatorios por la policía en los días previos y que persiste “la situación de asedio de agentes de la Seguridad del Estado en las residencias de reporteras y reporteros que informan activamente sobre asuntos de interés público y cuestionan al gobierno”.
A esto se añade que el Centro de Prensa Internacional de Cuba retiró las acreditaciones a cinco corresponsales de la Agencia EFE en La Habana, dos de las cuales habrían sido devueltas en horas posteriores.
La CIDH y su RELE expresaron en el comunicado que tomaron nota de la salida al exilio el 17 de noviembre de Yunior García, uno de los líderes de la Plataforma Archipiélago y promotores de la marcha cívica, decision motivada por las amenazas, la retención domiciliaria, y los actos de hostigamiento en su contra y de su familia.
“Frente a esta realidad, la CIDH y su RELE recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de que las protestas sociales son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”, señalaron.
Asimismo hicieron un llamado al Estado para que asegure la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba, y le recordaron su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
