La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) manifestaron su preocupación este martes por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba.
Esta situación “viene impactando en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19”, señaló la CIDH en una nota de prensa.
La organización dijo haber recibido información sobre el desabastecimiento de alimentos básicos en Cuba, que afecta especialmente a los adultos mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños y adolescentes.
La CIDH y su REDESCA urgen al Estado cubano a realizar “acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada, o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral”.
El texto subraya que la inseguridad alimentaria, y la desnutrición aparejada a ella, son “consecuencia y al mismo tiempo causa de la pobreza de la población”, como indica el “Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas” de esa organización.
La nota cita un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas (ONU) que revela que Cuba importa aproximadamente el 70% de los alimentos que necesita, lo que corresponde al 50% de la canasta mensual de alimentos subvencionada por el gobierno a través de la libreta de abastecimiento.
En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba (2020), la CIDH indica que en el país caribeño existe “una escasez intermitente de productos alimentarios esenciales, como es el caso del aceite, la harina de trigo, el arroz, la carne de cerdo, el pollo o los huevos”. Testimonios recogidos dentro de la isla para este reporte denunciaron “grandes dificultades de la población local para adquirir productos alimentarios más allá de los contenidos en la libreta de racionamiento”.
La organización añade que, como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19, Cuba enfrenta actualmente “una elevada inflación y una fuerte contracción de las fuentes de ingresos nacionales y de los hogares, especialmente provenientes del turismo”.
La CIDH reiteró su preocupación por la “persistencia del embargo económico impuesto a Cuba” por parte de Estados Unidos, recalcando la importancia de poner fin a la sanción “para garantizar los derechos humanos que se ven afectados como consecuencia de esta”.
Según la organización, las restricciones económicas impuestas a Cuba “profundizan y empeoran las condiciones de acceso a alimentos en el país”.
Estados Unidos ha declarado que el embargo al régimen cubano no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyos programas de sanciones generalmente permiten el comercio, asistencia o actividad legítima relacionada con la asistencia humanitaria conforme a las leyes y reglamentaciones existentes.
