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Honorable Sra. Michelle Bachelet,
Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Excelentísima Sra. Michelle Bachelet,
372 cubanos de todas las esquinas y ámbitos de Cuba firmamos recientemente una Carta Abierta, dirigida al Honorable Senador de los Estados Unidos Patrick Leahy, en la que poníamos el acento en un hecho: la sistemática violación del Artículo 52 de la Constitución cubana, que respalda y garantiza la libertad de movimiento de los cubanos dentro, hacia y fuera de Cuba.
Pero el gobierno cubano persevera. En el momento en el que le estamos enviando esta Carta, a muchos de nuestros compatriotas les están negando la salida o la entrada en algún aeropuerto del país, están siendo obligados a regresar a sus provincias de origen o detenidos por transitar a lo largo de la isla. Todo de manera ilegal.
La violación de un solo derecho garantiza la violación de todos. Que a los cubanos se nos pueda prohibir el libre movimiento es una señal clara de las limitaciones que sufrimos en la totalidad de nuestros derechos reconocidos: de reunión, de asociación, de expresión, de manifestación, de participación, a no ser detenidos, o registradas nuestras casas arbitrariamente, de no ser violentados o amenazados con el uso de la violencia, de la cual las mujeres son víctimas elegidas, y de aquellos derechos que en los campos de la economía y de la cultura son el fundamento del bienestar libremente creado y compartido en el espacio de la sociedad civil. Sin tutelas no solicitadas.
Esa visión patriarcal de un Estado castigador, en pugna con una ciudadanía madura en el ejercicio de sus derechos, está llevando su violación a un nuevo nivel cualitativo: la construcción orgánica de los delitos de odio, con su narrativa asociada, por parte de funcionarios en toda la estructura del Estado, que se instala como política pública.
Durante años diferentes organismos y organizaciones internacionales han venido fundamentando la sistemática violación de nuestros derechos en contraste con la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se viene pronunciando documentadamente sobre esta materia en el caso de Cuba, y la Unión Europea avanza en un Diálogo Político y de Cooperación con las autoridades de nuestro país, hasta ahora infructuoso, que incluye los derechos humanos. Estas, sin embargo, expertas en añagazas diplomáticas, no están dispuestas a respetar ningún orden institucional que promueva y proteja todos los derechos de todos los cubanos en su integralidad.
La prueba no está en su negativa permanente a aceptar las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales, y a la demanda de libertad de los presos injustamente encarcelados, a empezar por los presos políticos, sino en su falta de voluntad y liderazgo político para respetar la Constitución cubana misma, escrita a instancias del partido comunista ―que se coloca y autoproclama por encima de la soberanía del pueblo―, aprobada el pasado 24 de febrero y puesta en vigor el 10 de abril de 2019; sobre todo el capítulo de los derechos y garantías constitucionales que se les reconocen a los cubanos.
Honorable Sra. Michelle Bachelet. Ud. acaba de realizar una visita a la República Bolivariana de Venezuela en su calidad de Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de dar a conocer un enjundioso informe que describe y narra la descomposición moral, social, económica, política y humana de una sociedad. Que esto esté ocurriendo en América Latina, región que jugó un papel prominente en colocar la agenda de los derechos humanos en la Carta constitutiva de las Naciones Unidas, es inaceptable. Muchos conocemos la destacada labor del delegado de Chile para que los derechos económicos y sociales fueran introducidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Su Informe hace honor a su responsabilidad y a la historia y tradición de su propio país.
Con independencia de las diferencias de percepción, pudo Ud. constatar que Venezuela ha derivado en un Estado fallido. Los Estados fallidos no nacen del irrespeto al orden internacional, nacen del irrespeto a sus propias leyes, cuando deciden colocarse por encima de ellas. Y el desafío de la comunidad internacional no está en acudir en auxilio de las sociedades una vez que fallan; está en prevenir su quiebra, alimentada casi siempre cuando el comportamiento de los Estados se divorcia del contrato social que establecen con su propia sociedad y con los ciudadanos. Este contrato, defectuoso y limitado como puede ser, tiene un nombre: Constitución.
Como ciudadanos y miembros de la sociedad civil, los abajo firmantes queremos invitarle a que visite Cuba y a que, como expresó e hizo en el caso de Venezuela, tome contacto con todos los sectores de la sociedad, en especial con los más vulnerables, en un esfuerzo que tuvo un buen precedente en el año 1988, cuando una delegación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó nuestro país. Esto sería un ejercicio de alto nivel que contribuiría al respeto de todos los derechos de todos los cubanos, en todas las esquinas y en todos los ámbitos. Los derechos que están reconocidos y garantizados en la Constitución y los que son promovidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos.
En Cuba será bienvenida por los cubanos: de dentro y de fuera.
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