Tras la reanudación del programa de parole anunciada ayer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el grupo conservador que reveló el informe interno sobre un significativo fraude en el programa que derivó en su pausa está exigiendo que se esclarezca de qué forma las autoridades de Estados Unidos van a garantizar que esto no vuelva a ocurrir.
La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) se pregunta cómo serán investigados los patrocinadores del parole humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, una interrogante que tienen miles de interesados en este programa.
Dan Stein, presidente de FAIR, dijo que Seguridad Nacional "solo ofreció garantías muy vagas de que habían solucionado los problemas".
"El plan de reinicio no aborda cómo planean investigar a cada patrocinador, mientras mantienen un programa que permite que 30.000 inmigrantes ilegales por mes ingresen a los Estados Unidos, o realizan verificaciones de antecedentes adecuadas a las personas en libertad condicional de países cuyos gobiernos son hostiles a los EEUU. El público estadounidense tiene todas las razones para ser muy escéptico", agregó.
El DHS anunció el jueves que se haría una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos "para fortalecer la integridad de los procesos".
Según adelantaron, las nuevas medidas incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.
El DHS también exigirá a partir de ahora las huellas dactilares de los patrocinadores en EEUU junto a una rigurosa investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios.
"Este es un ejemplo del compromiso continuo del DHS de revisar constantemente las tendencias de presentación de solicitudes para identificar y abordar los posibles riesgos para la integridad del proceso", señaló un portavoz de esa autoridad federal en declaraciones enviadas a Martí Noticias.
El informe que obligó a la suspensión temporal del programa que ha traído a suelo estadounidense a más de 100.000 cubanos reveló que varios números de Seguro Social y códigos postales se utilizaban cientos de veces.
"En particular, el DHS ha admitido públicamente que el programa había permitido que cientos de miles de inmigrantes ilegales de estos cuatro países ingresaran a los Estados Unidos sin procesos adecuados establecidos para investigar a las personas en libertad condicional o sus patrocinadores. Además, el DHS no ha dado ninguna indicación de que vayan a investigar el fraude pasado o tomar medidas para revocar los estados de libertad condicional de quienes lo obtuvieron de manera fraudulenta", señaló el comunicado de FAIR.
El 13 de agosto se conoció que un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración Joe Biden de congelar el programa de parole.
En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se exige que sean divulgados los documentos y comunicaciones sobre la pausa de los procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El comité congresional está exigiendo además la divulgación de todos los documentos y comunicaciones entre cualquier empleado o contratista del Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que hagan referencia o estén relacionados con el informe interno para identificar patrones, tendencias e indicadores potenciales de fraude dentro del programa de libertad condicional.
Hasta el mes de julio, unos 106.757 cubanos se habían beneficiado del programa, y unos 104.130 ya habían viajado a EEUU y recibido el parole, según las cifras de CBP. En total hasta junio unos 494.799 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían entrado a EEUU bajo este programa.
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