Activistas y miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexuales e inclusión abierta) de Cuba demandan a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que incorpore una Ley Integral de Identidad de Género, entre una serie de peticiones presentadas este lunes al Parlamento en el marco de su período legislativo 2023-2028.
Según el documento, publicado en la plataforma Change.org, exigen además "la transparencia en estadísticas e información relacionada con crímenes de odio hacia la comunidad LGBTTTIQA+, el acceso a maternidades y paternidades no heteronormadas y la atención a grupos marginados y en situaciones de vulnerabilidad.
“Estas demandas se basan en documentos internacionales, como los Principios de Yogyakarta y Nacidos Libres e Iguales, así como en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de la República de Cuba”, señala un reporte de la revista feminista Alas Tensas.
El documento insta a la puesta en marcha de un programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional Educativo, así como una Política de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género.
El 25 de septiembre de 2022, Cuba aprobó en referéndum el Código de las Familias, un paquete legislativo que avala el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de esas parejas y la gestación subrogada.
El código de 100 páginas también aborda la violencia de género, promueve la distribución equitativa de los derechos domésticos e incorpora la prohibición de discriminación por motivos de identidad y orientación sexual. Asimismo, protege los vínculos familiares no consanguíneos, establecidos por relaciones filiales adoptivas y socioafectivas, al tiempo que otorga derechos multiparentales.
En junio pasado los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron el primer feminicidio contra una mujer trans. Se trató de Samira Lescar, conocida como La Loba, y quien fue asesinada por su expareja en la provincia de Camagüey.
En un comunicado conjunto los observatorios explicaron que el asesinato de Lescar había sido incluido en el registro de los crímenes machistas que realizan desde 2019 debido a que aparte de transfobia, contenía ese “componente de misoginia que caracteriza a los feminicidios”.
La activista Kiriam Gutiérrez, miembro de la comunidad LGBTTTIQA+ hizo un llamado en ese momento a “visibilizar una vez más la situación social de las personas trans” en el país.
Ni los feminicidios, ni los transfeminicidios están incluidos en el actual Código Penal pese a la escalada de crímenes machistas en el país y a las continuas exigencias de activistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana.
2. La atención a grupos marginados y en situaciones de vulnerabilidad dentro de la comunidad LGBTIQA+.
3. La transparencia en estadísticas e información relacionada con crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQA+.
4. La descentralización de servicios médicos para personas trans y de género no binario y la actualización de la Resolución 126 de 2008, relacionada con la atención integral a personas trans.
5. La implementación de un Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional Educativo, así como una Política de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género.
6. La solicitud de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
7. La incorporación de normas que permiten el matrimonio entre personas del mismo género y el acceso a maternidades y paternidades no heteronormadas dentro del Código de las Familias.
8. La creación de un protocolo estandarizado para la atención a personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+.
9. La implementación de una Ley de Salud con perspectiva de género, que incluye la atención a personas menstruantes y la atención psicológica especializada.
10. La atención a las necesidades de las personas que viven con VIH-SIDA, incluyendo la provisión de insumos para la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
11. La revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual, actualmente establecida en 12 años, a la luz de recomendaciones internacionales.
12. La inclusión de disposiciones en la futura Ley de Formas Asociativas que permitan la creación de grupos y asociaciones con personalidad jurídica para la comunidad LGBTIQA+.
13. La revisión de la metodología del Observatorio de Cuba sobre igualdad de género para incluir datos sobre violencia sexual contra personas LGBTIQA+.
14. La implementación de políticas públicas para la atención a personas de la comunidad LGBTIQA+ de la tercera edad.
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