La Plataforma 11M, creada a raíz de la marcha realizada por la comunidad LGBTIQ en La Habana el 11 de mayo de 2019 y que fuera brutalmente reprimida por la policía, ha dado a conocer a través de una Declaración, su preocupación por las personas que actualmente permanecen en prisión “acusadas de participar en el estallido social del pasado 11 de julio de 2021 en Cuba, especialmente, los miembros de LGBTIQ”.
11M afirma que “quiere llamar la atención” sobre ese “grupo específico de víctimas de esta situación” por ser estas “especialmente vulnerables dentro del sistema carcelario de Cuba” ya que, considera que el sistema penitenciario cubano adolece de la falta de “infraestructura, protocolos específicos y preparación del personal”.
También, según la Plataforma, existen evidencias de que la condición de las personas transgénero que fueron detenidas por su participación en las protestas no fueron tenidas en cuenta en el momento de su ubicación y afirma que “en los días que siguieron a las protestas, diversos testimonios evidenciaron que la represión policial tuvo claros rasgos machistas, homofóbicos y transfóbicos”.
“Hubo amenazas de violencia sexual, uso general de lenguaje homofóbico para humillar a las personas encarceladas y negativa a reconocer la identidad de género de mujeres trans”, denunció la plataforma.
11M hace referencia a los derechos concedidos a los ciudadanos por la Constitución vigente en la isla y que fueron violados por las propias autoridades del régimen al reprimir a los manifestantes y después encarcelarlos y condenarlos por delitos que no cometieron y que unido a esto, se encuentran “bajo el más escandaloso desamparo legal”.
La Plataforma defensora de la comunidad LGBTIQ cierra su comunicado exigiendo “la excarcelación de las personas que no participaron en altercados, daños a la propiedad o saqueos; las reducción de condena a quienes participaron en actos vandálicos y que el Ministerio del Interior actualice sus instalaciones, personal y protocolos de funcionamiento para proteger la seguridad de todas las personas que cumplen sentencias judiciales, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género”.
El 11 de mayo de 2019, varias decenas de personas vinculadas a la comunidad LGBTIQ cubana y activistas de la sociedad civil independiente salieron a manifestarse exigiendo sus derechos con banderas tanto cubanas como las que representan a su comunidad, marchando siempre de manera pacífica por el céntrico Paseo del Prado habanero.
Las autoridades habían cancelado el desfile anual que organizaba, a manera de conga, en reclamo de los derechos LGBTI, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro.
La acción fue violentamente dispersada por efectivos de la policía y la Seguridad del Estado cubana. Varios manifestantes resultaron lesionados y hubo detenciones violentas.
La hija del general tildó entonces la marcha convocada espontáneamente por la comunidad LGBTI cubana como un "show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de EEUU y cubierto por la prensa extranjera".
