La cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Esta es la única "reforma" que ha traído el gobierno en este semestre para la prensa, con el encarcelamiento, el 11 de septiembre, de Roberto de Jesús Quiñones Haces, del portal Cubanet, condenado a un año de prisión por delitos de "desobediencia y desacato", luego de que intentara cubrir un juicio a unos pastores religiosos y fue detenido con violencia.
En este periódico se registra una creciente conectividad a internet, impulsada por el monopolio estatal ETECSA, de baja calidad y a precios muy caros.
En la primera semana de mayo, el presidente del Tribunal Supremo Popular amenazó en redes sociales con aplicar la "Ley Mordaza", oficialmente Ley 88 "de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba", que aplica varios años de prisión a quienes colaboren "por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros".
El 11 de mayo, una marcha LGBT convocada por activistas independientes tras la cancelación de la tradicional marcha oficial, terminó en represión y detenciones, entre estas las de los reporteros Ileana Hernández, de Cibercuba y Boris González Arenas, de Diario de Cuba.
El 4 de julio se publicó el Decreto 360 del 2019, "Sobre la Seguridad de la Información y la Comunicación y la Defensa del Ciberespacio Nacional", el cual prohíbe que los ciudadanos administren sitios webs alojados en el extranjero, lo que representa un aumento de la represión a los medios independientes. El gobierno no permite que se alojen en dominios nacionales aquellas páginas o medios que cuestionen al régimen.
En julio fue detenido el reportero Ricardo Fernández Izaguirre al salir de la sede sitiada del grupo Damas de Blanco. Pasó nueve días de detención, incomunicación con el exterior y deportación desde La Habana hasta su provincia de residencia. Luego fue detenido dos veces y amenazado con ir a prisión. Varios de sus entrevistados para un videorreportaje publicado en La Hora de Cuba fueron interrogados por agentes de la Seguridad del Estado en un intento de presentar contra él una denuncia por "usurpación de capacidad legal".
El 17 de agosto se practicó un megaoperativo contra los directivos de tres medios independientes en La Habana (Yoani Sánchez, de 14ymedio; José Jasán Nieves, de El Toque y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo), a quienes se les prohibió salir de su domicilio.
Ese día había sido convocada una protesta de usuarios de SNET, una red digital autónoma e ilegalizada por las autoridades, que también derivó en restricciones de circulación o vigilancia para otros colegas.
A la casa del periodista Henry Constantin, quien estaba fuera del país, acudió un individuo con visible protección policial, armado con un machete, asegurando que iba a matar al periodista. El hecho ocurrió luego de la publicación de un texto en que cuestionaba la gestión del Ministerio del Interior para descubrir a un abusador sexual en serie de menores.
Se mantiene el entramado jurídico que norma la represión, como la nueva Constitución, el Código Penal con sus castigos a la crítica a funcionarios públicos y la penalización de los impresos clandestinos.
Una nueva ley de rectores y directores de universidades discrimina sobre quiénes pueden cursar maestrías o doctorados, según el comportamiento político.
El Decreto 370 ilegaliza las hasta ahora toleradas redes privadas por WiFi, obligándolas a colocarse bajo el control de una entidad estatal.
Se observa un incremento de la presión gubernamental sobre los empleados estatales a los que se les ha facilitado el acceso a internet. Según informes de personas amenazadas por sus expresiones en redes sociales, les obligan a colocar contenido favorable al gobierno.
Los periodistas Iliana Hernández Cardosa, Yunia Figueredo, Yoe Suárez, Alejandro Hernández Cepero, Daniel González Oliva, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Pablo Morales Merchán, Jesús Jank Curbelo, una fotógrafa que le acompañaba, y Henry Constantín, han sufrido arrestos, interrogatorios y amenazas.
Luz Escobar, Lien Estrada, Sol García Basulto, Katherine Bisquet, Luis Cino, José Jasán Nieves, Ricardo Fernández Izaguirre e Isel Arango, fueron citados para interrogatorios. Alejandro Hernández Cepero, Ricardo Fernández Izaguirre y Henry Constantin, han sido amenazados con enjuiciamiento.
A Yoe Suárez y Alejandro Hernández Cepero le decomisaron equipo de trabajo. A Ricardo Fernández Izaguirre le retuvieron temporalmente su teléfono. Saimi Reyes, Ernesto Guerra, Eillen Sosin y Ailyn Martin, fueron forzados a dejar sus puestos de trabajo estatales, y Katherine Bisquet fue expulsada de su alquiler.
Familiares de Augusto César San Martín (su esposa), José Raúl Gallego (su madre), Inalkis Rodríguez Lora (su padre), Mario Ramírez, Yoani Sánchez y Henry Constantín, han sido acosados a través de visitas de agentes, prohibición de viajar al extranjero, citaciones e interrogatorios.
La fotógrafa Iris Mariño fue perseguida en la calle por agentes de la Seguridad del Estado, y su casa estuvo bajo vigilancia durante la visita de Díaz-Canel a Camagüey. La fachada de la casa de Henry Constantín e Inalkis Rodríguez fue vandalizada la madrugada del 26 de julio.
Las autoridades han empleado diferentes recursos de agresión digital, como trolles, bulling, amenazas, suplantación de identidad, intentos de hackeo, contra Yoani Sánchez, Iris Mariño, Lien Estrada, Rafael Almanza, Vladimir Turro y Henry Constantín. Yoani Sánchez también ha recibido hostigamiento telefónico.
A Roberto de Jesús Quiñones Haces le prohibieron salir de su ciudad de residencia, y a Yoe Suárez y Ricardo Fernández Izaguirre los han "deportado" de los lugares donde estaban trabajando a sus sitios de residencia. A Sandra Haces, Henry Constantin, Yunier Gutiérrez y Ariel Maceo, se les prohibió el acceso a zonas donde se desarrollan eventos noticiosos.
Fuentes de información y algunos lectores de Ricardo Fernández Izaguirre y Henry Constantín han sido hostigados.
A Inalkis Rodríguez Lora, Yoe Suárez y Henry Constantín se les han practicado revisiones exhaustivas de equipaje en aeropuertos.
A Jesús Jank Curbelo y Henry Constantín les han aplicado actas de advertencia.
El régimen les ha prohibido la salida del país a Adrián del Sol, Iris Mariño, Sol García Basulto, Inalkis Rodríguez Lora, Isel Arango, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Manuel Alejandro León, Osmel Ramírez, la diseñadora Rosalia Viñas, el webmaster Javier Valdés, Henry Constantín, Julio César Álvarez, Saimi Reyes, Ernesto Guerra, Eileen Sosin, Ailyn Martin, Marta Liset Sánchez y José Antonio Fornaris.
Además, prohibió la entrada al periodista norteamericano Michael Lavers, y Claudia Ordoñez, de la organización Article 19, fue forzada a abandonar el país.
Los portales 14ymedio, Cubanet, Diario de Cuba, Martinoticias, El Estornudo, El Toque, ADN Cuba y Cuba te Cuenta, han sido bloqueados. Los sitios de la SIP, la Fundación Gabo, Amnistía Internacional, Change.org y más de una veintena, se mantienen bloqueados.
Facebook es el medio más extendido y más difícil de controlar para las autoridades; sin embargo, algunos medios de prensa independiente siguen encontrando obstáculos cuando se ingresa a través de páginas de empresas que se ubican en el país.
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La periodista cubana Lucila Morales intervino en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Miami para rendir un informe sobre la situación de la prensa en Cuba. La comunicadora habló en representación de Henry Constantin, director del medio digital La Hora de Cuba, y actual vicepresidente regional de la SIP, a quien el régimen de La Habana le prohíbe salir de la isla. Morales presentó el informe semestral sobre el estado de la libertad prensa y la situación de la prensa independiente en Cuba y explicó a Radio y Televisión Martí que en el informe de este año, donde no hay un nuevo escenario sino nuevos casos de violaciones a la libertad de prensa, donde destaca el proceso contra el periodista de Cubanet Roberto Jesús Quiñones Haces, en prisión desde el pasado 11 de septiembre. |
[Informe de la SIP y reporte de Alvaro Alba]
