Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos frenó este lunes el intento del gobierno de EEUU de eliminar el programa de parole humanitario (CHNV), una medida que amenazaba con dejar sin protección a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión del Primer Circuito de la Corte de Apelaciones, con sede en Boston, pesa en contra de la actual administración estadounidense, que buscaba eliminar el parole concedido bajo el mandato del demócrata Joe Biden. Según el tribunal, el gobierno no logró justificar una suspensión inmediata de los beneficios, como exige la ley en estos casos.
El fallo significa que los migrantes amparados por el CHNV podrán mantener sus permisos temporales de residencia y trabajo, mientras se define el futuro del programa en los tribunales.
La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, ya había dictado un fallo similar en abril, al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional no había cumplido con el requisito legal de revisar los casos individualmente.
“Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (...) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial”, escribió entonces la jueza Talwani.
El panel de apelaciones estuvo compuesto por dos jueces nombrados por Biden y uno por el también demócrata Barack Obama. En su decisión, expresaron dudas sobre si la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tenía autoridad para cancelar unilateralmente el programa.
Aunque no se pronunciaron sobre el fondo del caso, los jueces concluyeron que el gobierno de Trump no demostró que su apelación tuviera posibilidades de éxito, como requiere la ley para detener de forma extraordinaria un fallo judicial.
La administración Trump podría ahora acudir a la Corte Suprema de Justicia, lo que convertiría este caso en una batalla legal de alto perfil cuya resolución tendrá implicaciones en los casos de más de medio millón de migrantes.
El programa en el centro del conflicto
El parole humanitario fue creado en 2022 por el entonces presidente Joe Biden para que ciudadanos de países con crisis humanitarias pudieran ingresar a Estados Unidos con patrocinadores residentes legales en el país. Comenzó con Venezuela y luego se extendió a Cuba, Haití y Nicaragua.
Los beneficiarios recibían permisos temporales de dos años para vivir y trabajar legalmente en EEUU, y durante ese tiempo debían gestionar una vía migratoria permanente.
La administración Trump sostiene que el programa es un abuso del sistema migratorio, receptor de miles de quejas de fraude y una carga para los recursos públicos, mientras que sus defensores aseguran que eliminarlo sería una violación de la Ley de Inmigración.
En abril pasado,la Casa Blanca criticó la decisión de la jueza Talwani de impedir la recovación del parole. "Otro juez de distrito deshonesto está intentando bloquear los esfuerzos de deportación masiva del gobierno con esta última orden judicial", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.
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