El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Yosvani Sánchez Valenciano, fue sancionado el jueves en un juicio que quedó concluso para sentencia con cuatro años de cárcel por el supuesto delito de desacato.
La acusación le fue cambiada a última hora, pues fue llevado a prisión bajo la figura de desorden público hace 11 meses, luego de varias protestas públicas que realizó en las calles de La Habana.
Martí Noticias tuvo acceso a las declaraciones vía telefónica que Sánchez Valenciano ofreció al opositor y coordinador de UNPACU en la capital, Zaqueo Báez Guerrero:
“Me llevaron a juicio, después de tomarme declaración me llevaron para Carmen y Juan Delgado (municipio Diez de Octubre), todo fue un teatro, después que leyeron la declaración al público me sacaron una causa, un desacato que inventaron ahí mismo”.
“Mi familia no pudo ir, los únicos que estaban en la sala, como si fueran familia mía eran de la Seguridad del Estado”.
“La fiscal pidió cuatro años, yo estaba por desorden público y en el juicio ‘me dieron un desacato’ (SIC) y otra causa de desacato. Ahora en vez de ser desorden público, son dos desacatos. Yo tenía desorden público, pero el desorden público me lo cambiaron por desacato”.
“Lo que pasa es que me hicieron la mitad del juicio y me dijeron que me iban a llevar allí de nuevo porque no fueron los testigos, no fueron los policías”.
Sánchez Valenciano anunció que iniciará una huelga de hambre en protesta por las irregularidades en su proceso penal. En la conversación se escucha que Báez Guerrero lo desanima de emprender esa peligrosa medida y le explica “esa es una responsabilidad de cada quien y recuerda que ahí se pone en riesgo la vida de uno".
Valenciano se encontraba en estado ‘pendiente’ desde el 15 de julio de 2016, cuando fue internado en la Prisión Valle Grande y luego trasladado al Combinado del Este, también en La Habana.
El delito de ‘desorden público’ le fue imputado a Sánchez Valenciano junto a los activistas Aymara Nieto Muñoz, Ihosvany Martínez Lemus, Reinier Rodríguez Mendoza e Ismael Boris Reñí.
Báez Guerrero explicó que desinformar a los opositores sobre sus procesos judiciales es una estrategia de la Seguridad del Estado para evitar que los activistas de derechos humanos y familiares participen de los juicios a que son sometidos.
“La policía política para que los activistas no nos presentemos en los tribunales donde van a efectuar los juicios arbitrarios, ellos tratan de desinformar lo mayor posible”, señaló Báez Guerrero.
Báez dijo que de manera general a los presos “les informan minutos antes, a veces hasta tres horas antes, al tribunal que van a ser llevados. No les da tiempo avisarle a la familia, no les da tiempo avisarnos, entonces ellos (la Seguridad) evitan las detenciones arbitrarias que van a haber, porque nosotros rápidamente movilizamos a nuestra gente y acudimos al lugar”, concluyó.
En una entrevista concedida la semana pasada a Radio Martí, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García confirmó que la organización tienen 53 presos por motivos políticos en cárceles de la isla.
“El régimen ha estado jugando con el siguiente mecanismo: según van liberando a algunos activistas, porque cumplen su sanción, van encarcelando a otros”, explicó.
Los delitos más frecuentemente empleados por la Seguridad del Estado en acuerdo con los tribunales para encausar a los activistas de derechos humanos son desorden público, desacato y peligrosidad social (Pre delictiva).
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