Cuba tiene un promedio de 14 nuevos presos políticos por mes, dijo este miércoles la organización independiente Prisioners Defenders, que reportó el ingreso a su lista de otros 13 presos de conciencia en el mes de enero de 2024, para un total de 1.066.
La organización con sede en Madrid, España, añadió en 2023 al listado que actualiza cada mes 170 nuevos presos políticos. "Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.236 prisioneros políticos”.
Hasta el 31 de enero de 2024, el total de presos políticos y de conciencia en la isla ascendió a 1.066, los cuales, denunció Prisoners Defenders, sufren “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”.
La organización dijo que los datos que colecta, además de ser publicados, se envían a “todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos”.
El reporte de enero actualiza la cantidad de prisioneros que fueron detenidos cuando eran menores de edad, y de los que 33 siguen estando en la lista, 29 cumpliendo sentencia y 4 en proceso penal.
En un informe a Naciones Unidas, el régimen cubano reconoció la veracidad de estas cifras. "Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos menores que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”, subrayó Prisoners Defenders.
“17 de los menores mencionados han sido ya condenados por “sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento”, añadió.
La organización detalló que actualmente se encuentran en las prisiones cubanas “831 convictos de conciencia, 199 condenados de conciencia y 36 presos políticos”, aclarando que esta última denominación se basa en que están condenados “por acciones penalmente reprochables, si bien, en su causa de origen, está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per se, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos”.
Analizando el trienio 2021-23, Prisoners Defenders se refiere a 2021, año de las históricas protestas conocidas como el 11J, como “el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante”. En cuanto a derechos humanos, la organización refiere que en “2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial” en la isla, y 2023 fue "un año para la desesperanza”.
Sobre el recién comenzado 2024, la organización prevé que la mala administración del régimen, que ha elevado los niveles de pobreza de la población a niveles insoportables “puede llevar a vivir de nuevo un ciclo de protestas populares masivas, a pesar de la inmensa represión a la que ya el pueblo sabe se tendría que enfrentar”.
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