De aprobarse en abril próximo el anteproyecto de Código Penal, muchos de los contenidos que publiquen los cubanos en redes sociales comenzarían a ser tratados como delitos, explica esta semana una investigación del Proyecto Inventario.
La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal "deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en formas que el Poder puede considerar falsedades, calumnias, injurias o propaganda contra el orden constitucional pasarían a ser delitos más graves incluso que las formas tradicionales de expresión y manifestación en el espacio público físico", indica la publicación.
El Anteproyecto de Código Penal publicado en enero de 2022 menciona el uso de las redes sociales en los delitos de Instigación a delinquir, Calumnia, Injuria y
Actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona.
El análisis del periodista José Raúl Gallego alerta que "si el delito de instigación a delinquir se comete a través de las redes sociales u otros medios de comunicación social, las sanciones previstas son aumentadas en cada caso en la mitad de sus límites mínimo y máximo. Esto quiere decir, que una persona que publique o comparta un post en Facebook que las autoridades consideren que clasifica como instigación a delinquir, pudiera recibir por este delito una sanción mayor que una persona que realice la misma instigación en la vía pública". El castigo sería de 9 meses a 1 año y medio de cárcel.
En el caso de los delitos de Calumnia e Injuria, aparecen penas más graves para quienes la practiquen en "redes sociales u otros medios de comunicación social" y tiene previsto sanciones de 1 a 3 años de cárcel, indica Inventario.
Con la misma severidad se castigarían los «Actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona», si el delito es cometido en las redes sociales.
El análisis de Inventario recuerda que el nuevo código mantendrá referencias del anterior en las que el uso de las redes pudiera ser evaluado en delitos como «Incitación a la guerra»; la «Difusión de noticias falsas contra la paz internacional», la difusión de «noticias falsas o predicciones maliciosas con el objetivo de causar alarma, descontento o desinformación en la población o para provocar el orden público» y el delito de «Propaganda enemiga», que sería transformado en «Propaganda contra el orden constitucional», definido como una incitación «contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma».
Lo que ya existía
En agosto de 2021, a raíz del estallido nacional ocurrido el 11 de julio, que fue divulgado tan ampliamente en redes sociales que pudo conectar a varias regiones del país en un mismo propósito, el régimen implementó nuevas leyes para vigilar y castigar el uso de Internet en la isla.
Así La Habana dispuso nuevas medidas que criminalizan el acto de compartir información que el Estado considere “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio como el Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones; y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.
De manera que ya estaban contempladas las sanciones para quienes las autoridades cubanas consideren que han provocado daños éticos y sociales desde las redes sociales y participen en la "difusión dañina" de contenidos que "atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del estado, incite a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
La normativa reconoce como ciberterrorismo los llamados a "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella".
Numerosas organizaciones internacionales se han pronunciado contra las regulaciones de Internet que las autoridades cubanas han implementado para impedir que los ciudadanos del país expresen su descontento y accedan a la libre información, entre ellos el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y la Coalición por la Libertad de Asociación.
