El nuevo decreto anunciado por el gobierno cubano restringe gravemente la libertad de expresión en internet y constituye una amenaza para la privacidad de los usuarios, denunció Human Rights Watch (HRW).
"Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación", enfatizó la organización este miércoles en un comunicado.
El gobierno cubano hizo público, el 17 de agosto pasado, el Decreto-Ley 35 y otras normas de menor rango que regulan el uso de telecomunicaciones en el país, incluyendo el internet y la radio, así como la respuesta de las autoridades ante “incidentes de ciberseguridad. Con el pretexto de "defender la revolución", la medida autoriza a los proveedores de telecomunicaciones a interrumpir, suspender o cancelar los servicios a un usuario si consideran que ha publicado información “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y “el respeto al orden público”, recordó HRW.
“El internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
De hecho, el Decreto-Ley 35 aparece un mes después de las historicas protestas antigubernamentales que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, como parte de la respuesta represiva del régimen de La Habana a quienes ejercen su derecho en la isla a la manifestación pacífica.
“Las autoridades de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos no pueden quedarse en silencio mientras el gobierno cubano restringe el acceso a internet, una herramienta vital para que los cubanos ejerzan sus derechos humanos”, subrayó Human Rights Watch.
La organización advierte que, según el derecho internacional de los derechos humanos, las leyes "solo pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión cuando ello sea necesario y proporcional para lograr un objetivo legítimo, tal como la protección de la seguridad nacional o los derechos de otras personas". No es el caso del Decreto-Ley 35, que "contiene muchas disposiciones vagas e imprecisas que son inconsistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y podrían fácilmente ser utilizadas para violar" estos derechos, acotó.
La medida, agrega el comunicado, también constituye "una amenaza a la privacidad", ya que requiere que los proveedores de telecomunicaciones otorguen una amplia gama de informaciones y servicios al gobierno.
"Según el decreto, los proveedores deben proporcionar a los organismos de seguridad las “facilidades técnicas y los servicios que requieran” y al Ministerio de Comunicaciones “la información que este determine”. Estas obligaciones vagas y amplias pueden permitir violaciones indebidas al derecho a la privacidad", subraya el texto.
HRW también llama la atención de la opinión pública internacional sobre otra resolución publicada junto con el Decreto-Ley 35, que a su juicio contiene "disposiciones peligrosas que describen contenidos protegidos por la libertad de expresión como “incidentes de ciberseguridad”.
La organización explica que aunque a nivel global, "la ciberseguridad generalmente hace referencia a la protección frente a ataques a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información (...), la nueva legislación cubana trata como incidentes de ciberseguridad a contenidos publicados online, incluyendo la “divulgación de noticias falsas”, la “difamación con impacto en el prestigio del país”, los mensajes que “inciten a movilizaciones” o “promuevan la indisciplina social” o que “menoscaben” la “fama” de una persona o “su propia estimación”.
"Prevenir y erradicar ciertos tipos de contenido requeriría un ejercicio generalizado de monitoreo y filtro, lo cual inevitablemente genera una censura y vigilancia excesivamente amplias", advirtió HRW.
La organización enfatizó que estas medidas son parte de una estrategia sostenida de censura y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno cubano. El comunicado recuerda que en julio de 2019 entró en vigencia en la isla el Decreto-ley 370/2018 sobre la informatización de la sociedad, utilizada por las autoridades para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.
Sobre el Decreto-Ley 35, Pappier concluye que "el gobierno cubano dice que esta legislación es una medida para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso”.
