El informe sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, realizado por la organización legal independiente Cubalex, asegura que en noviembre “se acentuó la crítica situación” en la isla, registrándose 162 incidentes de represión, de los cuales algunos implicaron técnicas de tortura.
Las violaciones tuvieron lugar en 13 provincias y 38 municipios de la isla y La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba fueron “los territorios con más cantidad de víctimas a nivel nacional”.
La ONG denuncia que "la privación de libertad, a corto o largo término, sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales".
El 27.48% de los incidentes identificados en noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad, un 18% estuvo relacionado con actos en los que los agentes del Estado emplearon técnicas de tortura.
"Estos actos se consideran graves tanto por la forma en que se ejecutan y porque afectan derechos inderogables o absolutos, como la seguridad personal, física y psicológica y el derecho a no ser torturado. Las amenazas e interrogatorios generalmente ocurren durante una privación de libertad de corta duración en una detención arbitraria o retención en instalaciones policiales. Son utilizadas para obtener una confesión u obligar a la persona a inhibirse del ejercicio efectivo de sus derechos", indica el reporte.
Además el grupo legal manifiesta preocupación por las denuncias de familiares de presos políticos relacionadas con el deterioro físico y mental "producto de las torturas a las que son sometidos, principalmente incomunicación en régimen de aislamiento y golpizas".
"En informes públicos entregados a organismos internacionales, Cubalex ha documentado 14 técnicas de tortura ejecutadas en los centros penitenciarios y de detención. Las confesiones obtenidas en los interrogatorios, utilizando amenazas y otras técnicas de tortura, son utilizadas para exponer a las víctimas en la televisión nacional y justificar la represión desmedida, como sucedió con los sobrevivientes del hundimiento de la lancha en el municipio Bahía Honda, Artemisa, el 28 de octubre, quienes fueron obligados bajo coacción a cambiar sus testimonios", denuncia el Centro de Asesoría Legal.
El informe destaca que noviembre tuvieron lugar las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y el régimen cubano, las elecciones municipales y “el hundimiento de una embarcación con migrantes en el municipio Bahía Honda provincia Artemisa”, además del agravamiento por “incapacidad de las autoridades”, de resolver problemas como el servicio el servicio eléctrico, los medicamentos y la alimentación básica de la población.
“Las prácticas aplicadas por los agentes del Estado, aunque en su mayoría son selectivas e individualizadas, involucran a familias enteras. El uso del derecho penal como instrumento de represión y criminalización de derechos fundamentales, principalmente contra personas defensoras de derechos humanos, es la medida más utilizada. Se mantuvo el uso de prácticas que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que son susceptibles de considerarse técnicas de tortura, un delito de carácter nacional e internacional”, acentuó Cubalex.
La situación de los prisioneros políticos estuvo marcada por el abuso de las autoridades penitenciarias contra los presos, lo cual provocó- señala Cubalex- “un intento de suicidio y un suicidio”, destacando que las víctimas habían denunciado abusos en dos ocasiones y “se les había negado el acceso a derechos humanos elementales, particularmente el de la salud”.
La realización de huelgas de hambre “como forma de protesta por al menos 6 presos”, con el resultado de un fallecido, de acuerdo al reporte realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pone de relieve la dramática situación que se vive en el presidio político cubano.
El promedio de acciones represivas durante el mes de noviembre fue de “cinco eventos diarios".
El informe hace énfasis en que la puesta en vigor del nuevo Código Penal convierte a la ley en la principal herramienta represiva, utilizada como medio principal para reprimir e inhibir el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Del total de incidentes de represión identificados, el 52.36% constituyen diligencias de investigación no vinculadas a procesos penales (citaciones oficiales ilegales o arbitrarias, violencia o acoso en el espacio físico o en el digital y operativos de vigilancia o seguimiento). Ninguna de estas medidas es controlada por un juez o un tribunal, por tanto, son utilizadas discrecionalmente y de forma arbitraria contra la ciudadanía.
Entre septiembre y noviembre las autoridades emplearon las leyes, en particular la Ley del Proceso Penal, para provocar efecto ejemplarizante e inhibitorio en la sociedad y controlar el disenso social.
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