Un grupo de 500 ciudadanos cubanos pidió el martes a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión, establecidos en el Artículo 56 de la Constitución de la República de 2019.
Miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cubalex y otros grupos reclamaron, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, que se incluya el asunto en la sesión extraordinaria prevista para el primer trimestre de 2023.
“El pedido se basa en que, según la estructura de la Constitución cubana, cada artículo contenido en ella siempre establece una regulación por una ley posterior. Eso es lo que ha venido sucediendo, que al tiempo que se reconocía en el Artículo 56 el derecho a la manifestación, a la reunión y a la asociación, el gobierno no había establecido la ley que regulaba el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos”, explicó el activista político Manuel Cuesta Morúa, uno de los signatarios.
“Lo cual deja en un limbo casi oficioso, una ambivalencia, la posibilidad del ejercicio de ese derecho, porque siempre se abre a la interpretación del régimen si puedes o no ejercer ese derecho, que está reconocido en la Constitución, a tu libre albedrío”, precisó.
La discusión y aprobación de esta ley estaba incluida en el cronograma legislativo 2020-2023, pero fue excluida en la modificación de la agenda de 2022, a causa de la pandemia de COVID-19.
“Lo que nosotros queremos, justamente, es que ellos [las autoridades] recuperen esa norma para el próximo cronograma legislativo del 2023, y establezcan la ley de manifestación y de reunión, porque eso es lo que nos permite a nosotros, amparados en el derecho constitucional y la ley que lo regula, programar nuestras manifestaciones, las que queremos hacer en el año 2023, porque vamos a hacer uso definitivamente del derecho a manifestación”, recalcó Cuesta Morúa.
Para los peticionarios “la aprobación de esta ley es urgente y fundamental", debido a que muchos cubanos están presos "por el uso pacífico de sus derechos humanos y constitucionales, en medio de la ausencia de precisión jurídica y legal que les respalden", indicaron en el texto.
Más de 1.000 cubanos, la mayoría manifestantes del 11 de julio de 2021 y protestas posteriores, extinguen penas de privación de libertad, de acuerdo a la organización Cuban Prisoners Defenders.
“Ellos, primero, han sacado el Código Penal para castigar el ejercicio de derechos que no estén regulados propiamente en la ley”, destacó el opositor y académico.
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