Cientos de firmantes han respaldado una petición dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba para que el Decreto Ley 370, conocido ya por Ley Azote, sea derogado.
La periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada por esta norma, es una de las principales promotoras de la declaración disponible en la plataforma virtual avaaz.org.
La activista explicó a Radio Televisión Martí que esperan entregar la carta próximamente a estas instituciones porque son las que tienen la facultad de derogar el decreto.
De acuerdo al texto de la declaración los firmantes se niegan a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y exigen la total eliminación del Decreto 370, la anulación de todas las multas impuestas, la devolución de
dinero a los que han pagado las multas y los equipos confiscados.
Además piden procedimientos disciplinarios a los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que se excedieron en sus funciones.
La petición demanda también respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.
En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, una maniobra que la artista y activista Tania Brugueras ha denunciado desde La Habana a Radio Martí.
"Este gobierno quiere convertir a 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y ye penalizan por decir la verdad", declaró la renombrada artista.
Recientemente la periodista Mónica Baro, Premio Gabo 2019 también fue multada por el decreto con 3 mil pesos equivalentes a 120 dólares.
A continuación reproducimos el texto completo de la petición:
| DECLARACIÓN CONTRA LA LEY AZOTE Por “pensar y hablar sin hipocresía” los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligro de contagio por el COVID-19, así como de ir a prisión. En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado (SE) cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, en virtud del Decreto-Ley (DL) No. 370. El motivo ha sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares. La SE ha obligado incluso a los sancionados a abandonar el aislamiento social pues constantemente cita a interrogatorios policiales. El DL 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura. Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución”. Es el artículo 68, sobre las contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el que amenaza la libertad de expresión; y, específicamente, el inciso i): difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. La ambigüedad es tan obvia que llega a ser ridícula. Primeramente, ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones que existe en Cuba, no es una red pública, sino una sociedad anónima, y los cubanos pagan ‒excesivos precios‒ por sus servicios. Tampoco es Facebook ‒la red social más empleada en el país y en donde se hallan las publicaciones “delictivas” de los sancionados‒ una red pública, sino una empresa privada. En un segundo momento, se habla del interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, pero estos son conceptos confusos y no están especificados en dicho decreto. Por otro lado, entre las facultades otorgadas ‒por el mismo decreto‒ a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), no se establece hacer un seguimiento de las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales. Asimismo, estos individuos están actuando por órdenes del MININT (Ministerio del Interior), excediendo, de esta manera, sus funciones. Por tanto, se trata de un abuso y exceso de poder de estos funcionarios. El DL 370 quebranta la Constitución de la República de Cuba, la cual conviene, en su artículo 54, que el Estado “reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. En cuanto a los acuerdos internacionales, Cuba transgrede igualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales estipulan la libertad de opinión y de expresión, el no ser molestados a causa de estas opiniones, así como investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Hoy, encarcelar a los disidentes, para los represores no constituye una medida estratégica; por lo que vuelca todo su poderío en desgastar y coaccionar, con leyes como el 370, a todas las voces divergentes de la Isla. El DL 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos. El 370 es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor. Por tanto, los azotados con el DL 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar, DISPONEMOS que: 1- A partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos. Y EXIGIMOS: A la Asamblea Nacional del Poder Popular o a su Consejo de Estado: 1- Eliminación del Artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370. 2- Ordenarle al MINCON abstenerse de aplicar este DL hasta su total eliminación. 3- Anular todas las multas impuestas. 4- Devolver el dinero a los que han pagado las multas en virtud de esta norma, así como los equipos confiscados. 5- Someter a procedimientos disciplinarios a los funcionarios que se excedieron de sus funciones (los del MINCOM), y a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio (los de seguridad) a los sancionados. 6- Respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. 7- Libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, encarcelado por ejercer la prensa libre. 8- Otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente. Recabamos el respaldo de la comunidad internacional, de todos aquellos que se identifiquen con la lucha por la libertad de opinión y expresión en Cuba. Sabemos que, al asumir esta postura, sobre nosotros caerá la furia de un sistema con resoluciones legales, pero espurias; y que corremos el riesgo de ir a prisión. Estamos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y estamos dispuestos a asumirlas, guiados siempre por el ideario de José Martí: “El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso”. Firmantes Iliana Hernández Cardosa Lázara Eumelia Ayllon Reyes Boris González Arenas Yeris Curbelo Aguilera Karelia Contreras Manzano Camila Acosta Rodríguez Jiordan Marrero Huerta Ovidio Martín Castellanos Diosbani Zalazar Rodríguez Esteban Rodríguez López Henry Couto Guzmán Luis Manuel Otero Alcántara Tania Brugueras Fernández Ángel Santiesteban Prats José Raúl Gallego Ramos Laritza Diversent Cámbara Omara Isabel Ruiz Urquiola Moisés Leonardo Rodríguez Iván García Quintero |
