La Fiscalía General de la República de Cuba, cuyo papel como garante del cumplimiento de la Constitución, las leyes y otras disposiciones en la isla ha sido ampliamente cuestionado por la ciudadanía en el último año, acaba de recibir grandes elogios del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
El sucesor de Raúl Castro dijo el miércoles que en el 2021 este órgano trabajó "con calidad en medio de condiciones muy difíciles y exigentes" y "se creció" ante la "compleja situación económico-social en que se ha desenvuelto el país".
En una reunión con los fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales y de municipios, Díaz-Canel dijo que "fue un año retador, difícil" en el que "Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que nos demandaron trabajar de una manera distinta debido a varios factores, en primer lugar, un bloqueo recrudecido y una tremenda atmósfera de agresividad imperial, tanto de inteligencia como de campañas de comunicación calumniosas, perversas (...) dirigidas a provocar el estallido social, a fracturar la unidad en torno a la Revolución, a socavar la confianza de la población, como parte de una guerra no convencional y a aplicar el llamado «golpe suave», y todo ello aprovechando las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19".
Sobre el elogio del gobernante al órgano de justicia que, en su opinión, ha dictado injustas sentencias, la madre de uno de los encarcelados del 11J dijo a Radio Martí:
“Yo quisiera tener un encuentro, entrevistarme con Díaz-Canel, y que él me diga, en mi propia cara, que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes, que salieron pensando que vivíamos en libertad, libres de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas (…), para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta en la que estamos viviendo, en la que todo es una mentira. (…) Es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel”.
Aliex Marcano, madre del manifestante Ángel Jesús Veliz Marcano, sentenciado a 6 años de cárcel por sumarse a las protestas el 11 de julio en Camagüey, recordó que la de ese día fue una marcha pacífica.
“Después que él [Díaz-Canel] dio la voz de combate, y de ‘a la calle los revolucionarios’, actuaron en contra de los manifestantes. Dirigidos por el presidente de esta república, [Miguel] Díaz-Canel Bermúdez, ellos fueron los que provocaron la ola de violencia”, concluyó.
Desde que estallaron las protestas masivas en más de 60 ciudades y localidades del país, exigiendo el fin del régimen comunista y criticando la gestión del mandatario cubano, la Fiscalía no ha publicado la cifra exacta de detenidos, que de acuerdo a organizaciones de derechos humanos se acerca a las 1400 personas.
La ciudadanía, los grupos de derechos humanos y numerosos organismos internacionales han señalado a la entidad por atentar contra el derecho constitucional a la manifestación, permitir los abusos de las fuerzas policiales y funcionarios y trabajadores organizados por el Estado y ejecutar cientos de procesos judiciales sin las mínimas garantías para los acusados. También la han señalado por la falta de transparencia en los procesos y por permitir que en los juicios contra manifestantes, incluidos menores de edad, predominen los testigos del oficialismo, entre otras graves violaciones.
No fue hasta enero de 2022 que la Fiscalía divulgó las cifras de las personas procesadas por participar en las protestas del 11 de julio: un total de 790 personas. En el mismo comunicado admitió que 55 menores de edad están siendo procesados, de los cuales 28 se encuentran encarcelados como "prisión provisional".
En noviembre de 2021, este órgano estatal amenazó a los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba con procesarlos por los "delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente".
Los seguidores de esta iniciativa, conocida también como Marcha 15N, impulsada por la plataforma Archipiélago, denunciaron amenazas, interrogatorios, despidos laborales, intimidaciones, vigilancia policial, reclusión domiciliaria, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, sin consecuencia alguna para los perpetradores.
En septiembre, el artista cubano Hamlet Lavastida, después de su salida forzada a Polonia junto a su pareja, la poetisa y activista Katherine Bisquet, contó parte de su experiencia en Villa Marista, donde estuvo detenido más de 90 días y denunció que la fiscalía y todo el aparato de justicia en Cuba está supeditado a la Seguridad del Estado.
"Ahí tú si de tas cuenta del increíble poder que tiene el Departamento de Seguridad del Estado que tributa al Partido Comunista. Es, básicamente, la policía política del partido y que sobre la Fiscalía, sobre los tribunales, sobre cualquier otro tipo de institución, tienen carta abierta para hacer cualquier cosa con tu cuerpo, con tu psiquis y con la ciudadanía en general”, dijo el artista en entrevista con la revista El Estornudo.
