La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha lanzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org pidiendo la liberación de los niños prisioneros políticos del 11J, algunos con peticiones fiscales de hasta 23 años de cárcel.
Según los datos de la organización, “al menos 23 niños están presos por tomar las calles pacíficamente para exigir libertad el 11 de julio de 2021”.
En la fundamentación de la petición, titulada "Free the Children! (Liberen a los niños), la FDHC apela a Artículo 56 de la Constitución cubana, en el cual se reconocen los derechos ciudadanos de “reunión, manifestación y asociación”.
El documento, dirigido al Tribunal Supremo, y a su presidente, Rubén Remigio Ferro, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a Naciones Unidas y al gobernante Miguel Díaz-Canel, se hace eco del informe recientemente emitido por la Fiscalía General de la República de Cuba, en el cual se reconoce “haber procesado a 55 menores de edad”, acusando a algunos de ellos de sedición, una de las figuras delictivas más duras en el Código Penal cubano, en la cual se contempla hasta la pena de muerte.
La petición de la FDHC alega que el Estado cubano ha manipulado los casos de estos niños para procesarlos como delincuentes comunes, una práctica que -afirma- ha desarrollado el régimen durante décadas para ocultar la presencia de presos políticos y presos de conciencia en la isla.
"Por esta razón, el Estado ha podido evitar reiteradamente la supervisión de organismos internacionales para verificar el estado de su sistema penitenciario", recalca.
El silencio de la oficina de UNICEF, radicada en La Habana, acerca de estos hechos, es considerado “inaceptable” por la FDHC, “cualesquiera que sean las presiones que sobre ella ejerce el régimen cubano”, teniendo en cuenta que el capítulo Latinoamérica de dicha entidad ha “expresado su preocupación y alarma sobre los menores cubanos”.
