El juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en la esquina de la calle Toyo, en La Habana, comenzó este lunes en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en medio de un fuerte aparato de seguridad y la denuncia de los familiares de irregularidades en el proceso penal.
La mayoría de los enjuiciados son de la raza negra, y ocho de ellos tienen apenas entre 16 y 18 años de edad.
Las dos peticiones fiscales más altas son las de Juan Emilio Pérez Estrada, con 25 años de prisión, quien es maestro de profesión y sin antecedentes penales, y Rowland Jesús Castillo Castro, con una petición de 23 años de cárcel, en ambos casos por el presunto delito de sedición. Sus familiares denuncian irregularidades jurídicas y consideran que ese delito nunca se cometió.
“Ya hoy en la mañana el tribunal amaneció totalmente militarizado”, dijo a Radio Martí Yaila Prieto La Rosa, esposa de Pérez Estrada, al llegar al lugar.
El tribunal se encontraba vigilado por “una gran cantidad de guardias”, añadió, y los familiares de los acusados “tienen que permanecer a unas dos cuadras del tribunal, donde ponen una cinta amarilla, como si fuera a ocurrir algo en la sala; tienen miedo”, destacó Prieto La Rosa.
Sobre el delito de sedición que pesa en contra de esposo, señaló que las autoridades “lo inventaron para poder echarle esa enorme cantidad de años”. Aseguró que ese delito “no tiene nada que ver con lo que hicieron esos muchachos; pienso que es una total injusticia, es todo un invento y una calumnia en contra de todos esos jóvenes”.
En opinión de Yulinela de la Caridad Castro Pérez, madre de Castillo Castro, campeón provincial de lucha libre y sin antecedentes penales, todo el proceso de instrucción policial ha sido forzado por la Seguridad del Estado, en complicidad con la Fiscalía.
“Hay demasiadas trampas en todo el proceso, esa es la verdad. Hay muchas cosas injustas que le han puesto a mi hijo en la acusación que él nunca hizo. Es el único menor que en el expediente del juicio que comienza hoy tiene una petición de 23 años de prisión. Lo único que puedo decir es que voy por su libertad, cueste lo que cueste. Él está fuerte, y gracias a eso yo tengo la fuerza para enfrentar este juicio”, expresó.
Por su parte, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, y a quien también piden 20 años por sedición, era guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional José Martí, en Rancho Boyeros, con una excelente conducta social, dijo su hermana, Yesenia Díaz Cruzata.
“Inicialmente él estaba acusado de atentando, desacato y desordenes públicos, y nos llamó desde la prisión Combinado del Este para informarnos que le estaban pidiendo 20 años, y que ya no eran esos cargos, que se lo habían cambiado por sedición, cosa que no es cierta. Entonces, cuando llegó la nueva petición fiscal, fuimos a la Fiscalía para presentar una queja por ese cambio, pero no procedió, y hoy estará siendo juzgado por sedición”, dijo la joven a Radio Martí.
