El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 314 acciones represivas contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias.
El OCDH culpa a al gobierno de Miguel Díaz-Canel de intensificar la represión contra activistas y periodistas independientes, con un nuevo patrón represivo que consiste en sitiarlos y mantenerlos bajo vigilancia policial. Este mecanismo constituye "una clara violación a la libre circulación y una forma de impedir el ejercicio de otros derechos", asegura OCDH.
El grupo radicado en Madrid dice que de estas detenciones, 19 se ejecutaron con violencia.
"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el COVID-19. Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", afirmó el OCDH.
"En la mayorías de los casos el gobierno establece vigilancia policial comúnmente en las afueras de las residencias de los activistas. En algunos existe una advertencia verbal previa por parte de un funcionario de la policía política. Son acciones aplicadas de facto, sin que que medie una orden judicial. Según han denunciado varios activistas, los represores no entregan ninguna orden escrita: "no solamente no existe una constancia escrita, sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio", indica el OCDH.
Sobre las nuevas medidas económicas emprendidas por el régimen el OCDH alertó que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad que se venden en las tiendas en dólares.
El grupo tiene en cuenta que tres cuartas partes de los cubanos no reciben dólares y que los salarios y pensiones en pesos cubanos son muy bajos por lo que alerta que la dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación.
Además, se ha incrementado la represión social contra personas que intentan obtener determinadas cantidades de alimentos en las tiendas, en previsión de que empeore la ya grave situación económica.
