El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel divulgó el miércoles la disposición de que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) emplee armas en "la defensa de la Patria".
La PNR es parte del Ministerio del Interior y tiene la misión de preservar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana.
Sin embargo, la ciudadanía, los defensores de derechos humanos en la isla, los medios noticiosos y prestigiosas organizaciones de derechos humanos han denunciado al cuerpo policial, junto a la Seguridad del Estado y al Ministerio de las Fuerzas Armadas, como perpetradores de la brutal represión desatada contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio que exigieron en las calles el fin del régimen comunista.
Ese mismo día, Díaz-Canel activó el aparato represor contra los manifestantes, desde la televisión nacional, con las polémicas palabras: "La orden de combate está dada: ¡A la calle los revolucionarios!".
Díaz-Canel ordena reprimir con antimotines a una población desarmada (FOTOS)
Esta semana, en ocasión del aniversario de la PNR el 5 de enero, el sucesor del general Raúl Castro encomendó a la policía el uso de armas: "Hoy, sin abandonar las demás tareas, sin abandonar absolutamente una sola tarea revolucionaria, incluida la defensa de la Patria con las armas en la mano si llegara el momento, está la tarea fundamental, de enorme trascendencia económica y política, de combatir y de vencer al delito".
El régimen comunista y su aparato propagandístico se refiere a los manifestantes, opositores y activistas como enemigos de la Patria, mercenarios que siguen órdenes de EEUU y niegan que las protestas masivas hayan sido motivadas por el descontento popular sino que siguen un plan orquestado desde Washington.
Un informe de Human Rights Watch sobre las manifestaciones ocurridas en Cuba durante el verano denuncia patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba que "sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta".
"Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años", dijo HRW.
La organización determinó que los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. También señaló que las “brigadas de respuesta rápida”, grupos de civiles organizados por el régimen, estuvieron implicadas en varias golpizas.
Hasta el momento, la única víctima mortal de la represión policial ha sido Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, quien murió el 12 de julio, luego que el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, le disparara por la espalda argumentando que actuó “en legítima defensa”.
Desde el estallido del 11 de julio de 2021, Washington ha aplicado tres rondas de sanciones contra funcionarios y entidades del régimen comunista, en virtud de la Ley Global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelaciones de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos.
Así ya han sido sancionados Alvaro López Miera, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los miembros de las "boinas negras", la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y a dos de sus líderes: su director, Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias; el jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (MININT), Romárico Vidal Sotomayor García, el jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Orlando Martínez Fernández, y las Tropas de Prevención (TDP) del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR).
El Departamento del Tesoro denunció en un comunicado que “desde el comienzo de las protestas de julio en Cuba, el régimen cubano desplegó a la PNR para reprimir y atacar a los manifestantes”.
“Liderado por el Director Callejas y el Subdirector Sierra, la PNR fue fotografiada confrontando y deteniendo a manifestantes en La Habana… Callejas y Sierra están siendo designados por actuar o pretender actuar para o en nombre, directa o indirectamente, de la PNR”, señala el comunicado.
