El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) mostró este martes posturas enfrentadas de los gobiernos del Hemisferio Occidental, tras el operativo militar que capturó y extrajo de Venezuela al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ahora enfrentan a la justicia estadounidense en una Corte federal.
De un lado están quienes aseguran que nunca reconocieron la legitimidad de Maduro ni del resultado electoral del 28 de julio de 2024, denunciaron las violaciones de los Derechos Humanos y el secuestro de las instituciones del país, pero siempre defendieron una salida pacífica al conflicto, por lo cual “rechazaron la acción militar unilateral de EEUU”.
En ese sentido, se pronunciaron los representantes de Chile, Guatemala, Uruguay y Perú, que pidieron preservar la región como “zona de paz” y buscar una solución que conduzca a recuperar pacíficamente la institucionalidad y las vías para el regreso de los millones de venezolanos forzados a abandonar el país en los más recientes años.
Entretanto, las delegaciones de República Dominicana, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y El Salvador no hicieron un rechazo público a la operación militar de EEUU, sino enfocaron sus discursos en reafirmar la condena a la dictadura chavista y el apoyo al pueblo venezolano; pidieron el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho y abogaron por establecer una ruta para la transición.
República Dominicana recordó la Declaración de Santo Domingo, que exigió la publicación de las actas electorales, resguardadas por Panamá, como dijo con orgullo su embajadora. Paraguay alertó sobre la situación actual de los venezolanos, mientras Bolivia solicitó a la organización que apoye al pueblo en Venezuela.
Las delegaciones de Argentina y Ecuador fueron muy contundentes en sus declaraciones. La embajadora ecuatoriana se solidarizó con “las víctimas de la dictadura venezolana, que ojalá termine pronto”, y el enviado argentino manifestó el apoyo abierto de su gobierno a “la acción que derivó en la captura del dictador Maduro”.
La Misión Permanente de Perú pidió observar un minuto de silencio en honor a las víctimas de estas violaciones bajo el régimen de Maduro, a lo que la OEA accedió, en muestra del compromiso de la organización "con la dignidad humana y los derechos humanos".
Asimismo, los enviados permanentes de los gobiernos de Colombia, Brasil, Honduras y México asumieron una posición de “no intervención en los asuntos internos” de Venezuela y evitaron referirse a la legitimidad de Maduro y de las pasadas elecciones presidenciales, y también pasaron por alto la situación humanitaria y democrática en el país.
En su lugar, Brasil aseguró que Maduro había sido “secuestrado”, México se mostró “preocupado por las amenazas a otros países”, mientras Colombia aseguró que la situación en Venezuela debe resolverse “sin injerencias externas” y Honduras consideró al operativo como una “afrenta a nuestros pueblos”.
En su intervención, el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de EEUU ante la OEA, aseguró que la acción militar de su país no se trató de una invasión a Venezuela, sino del arresto de un narcotraficante contra el cual pesan varios cargos, ampliamente justificados. “Les invito a ver la acusación de 25 páginas”, dijo.
De acuerdo con Rizzuto, el presidente Trump le ofreció al dictador Maduro varias oportunidades que fueron rechazadas. “No es una interferencia en la democracia en Venezuela, es la remoción de su principal obstáculo. Nicolás Maduro no representa el orden democrático, él lo destruyó. El pueblo tiene derecho a la democracia y estamos comprometidos con ese postulado”, afirmó el Embajador.
Las representaciones permanentes de Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Uruguay y México solicitaron a la Secretaría General de la OEA una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para debatir los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela, que propiciaron la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para su traslado a EEUU.
En la reunión también hicieron uso de la palabra, el secretario general de la organización, Albert Ramdin, así como los representantes de los países observadores permanentes España, Francia, la Unión Europea, China, Alemania, Italia y Suiza, que asumieron posiciones de rechazo al régimen venezolano pero mostraron preocupación por la escalada militar de EEUU.
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