Decenas de cubanas han manifestado ser víctimas de agresiones como formas de “violencia política de género”, indica un sondeo realizado por el proyecto Aulas Abiertas, coordinado por el Instituto Político para la Libertad (IPL-Perú).
De una encuesta en Internet, para documentar estos incidentes, aseguran que 28 activistas pertenecientes a nueve provincias: La Habana, Camagüey, Sancti Spíritus, Villaclara, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Mayabeque, Santiago de Cuba y Pinar del Río, han registrado incidentes de violencia política de género, abuso verbal en forma de gritos, humillaciones y burlas, amenazas de violencia física y amenazas contra hijos de ambos sexos.
“Aunque la incidencia es menor”, al menos tres mujeres han denunciado “amenazas de muerte”, asegura la pesquisa.
Las 28 participaciones han coincidido en que sus agresores forman parte del régimen, por lo general, “miembros de la Seguridad del Estado y agentes del Ministerio del Interior (MININT)”.
Aulas Abiertas invita a las cubanas a participar en el sondeo dirigido en particular a las mujeres que, de una manera u otra, estén integradas en la sociedad civil independiente, tales como periodistas, defensoras de los derechos humanos en cualquiera de sus manifestaciones, activistas y, en general, a “cualquier mujer que haya sufrido este tipo de violencia”, desde 2021 hasta el presente.
Aclaran que el cuestionario puede ser rellenado online y la participación siempre será anónima y sin límite de fecha. También puede ser completado, enviado por correo electrónico a la dirección aa.aulasabiertas@gmail.com.
Aulas Abiertas argumenta que, al llenar el formulario, las participantes estarán contribuyendo a visibilizar los tipos de violencia y acoso político hacia las mujeres en Cuba.
Miembros de la sociedad civil cubana han exigido al Estado que promulgue una ley integral de violencia contra la mujer, con procedimientos para órdenes de alejamiento, medidas de protección para hijos de mujeres víctimas de violencia, protocolos de salud adecuados para atender casos de violencia, y capacitación al personal que forme parte de la cadena administrativa de justicia, policía, fiscalía, poder judicial.
