El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) acusó al conglomerado de los militares cubanos, GAESA, de haberse apropiado de casi 70 mil millones de dólares derivados de las misiones médicas en el extranjero en poco más de una década.
En su más reciente informe, “Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria”, la organización precisó que los 69.866.399.679 dólares obtenidos entre 2009 y 2022 de los salarios de los profesionales sanitarios en el exterior nunca fueron invertidos en el sistema de Salud Pública, como había prometido el Gobierno a sus ciudadanos.
“La oligarquía cubana por medio de su holding GAESA no solo se apropió arbitrariamente de esos inmensos recursos, pertenecientes a los salarios de los médicos en las brigadas internacionales, sino que al no reinvertirlos en el sistema de salud pública como había anunciado el gobierno, también privó a la nación del derecho a disfrutar de una seguridad sanitaria integral de calidad”, denunciaron.
Los investigadores aclaran que no es posible saber a dónde fue a parar ese dinero ya que GAESA no es auditada por el Estado cubano ni por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), al cual pertenece.
Según cálculos del OCAC realizados por Havana Consulting Group, Cuba ha recaudado 108.5 mil millones de dólares por salarios del personal sanitario en el extranjero. Los informes de la ONEI indican que en ese periodo se invirtieron un total de 1.7 mil millones de dólares en el sector de salud pública y unos 24.2 mil millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles.
“Estas cifras abren otra interrogante. Si gastaron en construcción de hoteles 24.2 mil millones, en salud 1. 7 mil millones (un total de 25.9 mil millones en esos dos gastos) y a los médicos le pagaron 30.7 mil millones queda un 'excedente' nada despreciable de 43.8 mil millones. ¿Cuál fue el destino de este 'excedente'? ¿Es de ahí de donde ha salido el capital semilla de las MIPYMES enchufadas y los lujos de las familias oligárquicas?”, cuestionó la organización, que aclara que aunque no pueden responder a esa pregunta, el objetivo del estudio es denunciar la evidencia del saqueo de GAESA, que se demuestra con las propias cifras oficiales publicadas por el régimen de La Habana.
“El gobierno cubano suscribe contratos —usualmente de carácter secreto— de dos o tres años de duración a través de entidades gubernamentales o corporaciones”, explica el texto. La mayoría de ellos, precisan, corren a cargo de la empresa Comercializadora de Servicios Médicos, S.A perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP). Otros son gestionados a través de ANTEX S.A bajo la estructura de GAESA.
“Todo el dinero adquirido a través de los contratos gestionados por ambas entidades es transferido por estas al Banco Financiero Internacional (BFI S.A), una entidad bancaria que pertenece a GAESA”.
OCAC exigió al conglomerado de los militares (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), al Ministerio de Salud Pública y a las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, que “abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022”.
Según el Anuario Estadístico de Salud y reportes publicados por la prensa estatal, entre 2015 y 2018, Cuba tenía a más de 50000 cooperantes (la mitad de ellos, médicos), en 68 países. A inicios de 2023, unos 23,792 sanitarios prestaban servicios en 56 países. El valor del monto total de las confiscaciones salariales al personal en las brigadas se ha estimado en un 70% aunque en algunos casos ha llegado a ser 90%.
“Las muertes acumuladas por la ausencia de fármacos para controlar enfermedades crónicas, así como de equipos e insumos para poder garantizar terapias e intervenciones quirúrgicas exitosas, son responsabilidad inescapable de quienes tomaron deliberadamente la decisión de abandonar el compromiso del Estado con el sistema de salud y apropiarse de los recursos que los médicos generan en el exterior”, cuestiona el OCAC.
“La salud pública en Cuba no es gratis, cuesta vidas. GAESA y todos los involucrados en este saqueo deben responder por el derrumbe del sistema de seguridad sanitaria del país”, señalan.
El documento también hace referencia a los seis médicos cubanos que están siendo juzgados por la muerte de un paciente en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, provincia de Granma.
“En este caso la madre del paciente trabaja para la Fiscalía y llevó a tribunales a los galenos, no a las autoridades provinciales y nacionales del sistema de salud. Sin embargo, son estas las que han aceptado cumplir la orden del gobierno central de obligar a los galenos a ofrecer servicios sin los medios necesarios”, destaca el informe.
El testimonio de varias de las doctoras involucradas, así como el de colegas suyos que trabajan en ese hospital, evidencian el colapso del sistema debido a la escasez de insumos, medicinas y personal médico en los centros de salud. Según datos oficiales, en 2022 trabajaban en la Isla 12.065 médicos menos que en 2021. La disminución de personal también fue notable en otras especialidades: unos 7.414 técnicos y licenciados en enfermería salieron de las instituciones en ese periodo.
El estado tampoco ha podido garantizar las medicinas, ni siquiera a los cubanos con enfermedades crónicas. El Grupo estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas (BioCubaFarma) reconoció a mediados de este año ante el Parlamento un déficit de 251 medicamentos, lo que representan el 40% del cuadro básico en el país.
“La situación que hoy existe es extremadamente crítica”, aseguró el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial y precisó que no existe una solución a corto plazo para resolver el problema.
La crisis sanitaria llevó a un grupo de casi una decena de madres cubanas a protestar a finales de noviembre pasado frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en La Habana. Las mujeres, algunas con sus hijos pequeños en brazos, se presentaron con las historias clínicas en el edificio para exigirle respuestas a las autoridades.
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