Al menos diez familiares de los manifestantes del 11 de julio enjuiciados en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre junto a varios activistas que se habían reunido con ellos en las inmediaciones del edificio judicial, fueron detenidos este lunes por pedir la libertad de los acusados.
Al terminar la sesión del juicio, mientras los militares introducían a los presos políticos en los camiones cerrados herméticamente, los familiares se acercaron y comenzaron a pedir que los liberaran.
“Se armó la grande, otro 11 de julio. Estuvieron más de media hora pidiendo ‘Libertad’, ‘No son criminales, son héroes’, gritaban las mujeres y cuando los muchachos oyeron los gritos empezaron a pedir libertad también y a darle patadas al camión jaula donde estaban encerrados”, relató a Radio Televisión Martí, María Celia Aguilera, madre de Armando Cruz Aguilera.
Una de las promotoras del grupo Justicia 11J, Camila Rodríguez, había compartido, más temprano, un video desde el Parque Juan Delgado, a una cuadra del tribunal, en el que explicaba que unas 20 personas estaban en oración allí.
“Las arrestaron a golpes, incluyendo a los opositores que estaban con ellas”, dijo Aguilera.
“Yo pude escapar porque me monté en una moto y me fui rápido, pero ahora tengo vigilancia de la Seguridad del Estado”, apuntó.
De acuerdo a un amigo de Camila Rodríguez, Adelth Bonne Gamboa, los trasladaron para la 11ª Unidad de San Miguel del Padrón y las autoridades no permiten ver a ninguno de los detenidos, ni llevarles aseo o comida.
Entre los aprehendidos estarían los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez (conocido como Tata Poet), Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín, así como Yudinela Castro, madre de Rowland Jesús Castillo, la familia de Duanis León Taboada, incluyendo a la abuela de 60 años y otros que aún no han podido ser identificados.
“Efectivamente, todavía hay fuerte presencia policial, no permiten que las personas pasen por frente al juzgado ni carros tampoco”, confirmó Bonne Gamboa.
Este lunes comenzó en el tribunal municipal de 10 de octubre el juicio contra 33 personas, entre ellas seis menores de edad. Todos acusados de “sedición” por las manifestaciones del 11J en la zona de la esquina de Toyo, donde cientos de personas se enfrentaron a la Policía.
Las peticiones fiscales van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad.
Bonne Gamboa denunció que habían cortado el internet en una parte del barrio donde está enclavada la audiencia.
