Limitar los recursos que el régimen de Cuba emplea para sus acciones represivas es el fin del embargo económico impuesto a La Habana desde hace 60 años, indicó el jueves el Departamento de Estado en una respuesta a Radio Televisión Martí.
La declaración solicitada al gobierno estadounidense responde a las fuertes acusaciones que publicó el mismo día el régimen cubano a propósito de cumplirse el 3 de febrero, el sexagésimo aniversario de la implementación del embargo a Cuba.
Firmada como "Declaración del Gobierno Revolucionario", la nota oficial de La Habana asegura entre otras acusaciones que "el bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación (...) constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos (...) califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y que no ha cumplido, ni cumplirá, los objetivos de sus promotores".
Un portavoz de la cancillería estadounidense dijo a nuestra redacción que el embargo de no tiene como objetivo al pueblo cubano, sino que restringe los ingresos del gobierno cubano y los fondos que el régimen cubano utiliza para entrenar y equipar su aparato militar represivo y de seguridad interna.
La medida no prohíbe el envío de alimentos y medicinas a la isla, pero sí las transacciones económicas, financieras y comerciales, entiéndase la compra y venta de mercancías desde y hacia Cuba.
Además, prohíbe la inversión de compañías estadounidenses en la isla y prevé que todas las transacciones deben ser pagadas por Cuba en efectivo y antes del embarque por medio de un tercer país.
De acuerdo con el régimen, los daños acumulados en estas seis décadas superan los 144 mil 413.4 millones de dólares a precios corrientes.
“El embargo y las sanciones representan un conjunto de herramientas en nuestro esfuerzo general por promover el respeto de los derechos humanos y las libertades en Cuba”, remarcó el portavoz del Departamento de Estado.
En septiembre pasado, el presidente Joe Biden extendió hasta el 14 de septiembre de 2022 las normativas federales que prohíben el comercio con Cuba. En 1962 el Congreso de EE.UU. prohíbe expresamente en su Ley de Ayuda al Exterior la asistencia a Cuba, y autoriza al Presidente, John F. Kennedy, a establecer un "embargo total a todo el comercio con Cuba”. Desde entonces todo los mandatarios estadounidenses han prorrogado esta ley.
En marzo de 1996, el embargo dejó de ser una serie de proclamas presidenciales y otras medidas que un nuevo presidente puede revocar, y se convierte por voluntad del Congreso en "the law of the land", en una ley de los Estados Unidos.
Su existencia quedó condicionada a que el régimen adopte pasos hacia la democratización y muestre respeto hacia los derechos humanos.
Desde 1992 La Habana somete a votación en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución exigiendo el levantamiento del embargo, que es respaldada por una amplia mayoría de países.
En 2016, EEUU tomó la inédita decisión de abstenerse en la votación, argumentando que con este paso contribuía a romper la política de aislamiento seguida por Washington hasta entonces y se alineaba con la política de acercamiento a Cuba, iniciada por la Administración del presidente Barack Obama en 2014.
