Con 15 procesos penales contra sacerdotes y personas allegadas a la Iglesia Católica, el cierre de unas 2.000 organizaciones no gubernamentales, más de 200 presos políticos y una negativa del gobierno del presidente Daniel Ortega para establecer un diálogo nacional que busque solucionar la crisis política que vive Nicaragua, el año 2023 debe ser de “mayor presión” internacional para Managua, aseguran opositores y analistas.
Benjamin Gedan, director del Wilson Center, un centro de pensamiento con sede en Washington, asegura que la crisis en Nicaragua ha sido “fácilmente” opacada por problemas en otros países de Latinoamérica, como el colapso de Venezuela que produce muchos más migrantes o “el arquitecto del declive democrático en El Salvador”, el presidente Nayib Bukele, “que es mucho más carismático que Daniel Ortega”.
En El Salvador, Bukele es señalado por socavar la democracia y Estados Unidos ha sancionado a varios funcionarios de dicho país.
Mientras, Venezuela sigue siendo uno de los principales países emisores de migrantes, de acuerdo con ACNUR.
Sin embargo, Gedan advierte que “los abusos a los derechos humanos en Nicaragua” requieren de respuestas internacionales urgentes, y no deben pasar desapercibidos.
“La administración Biden está poniéndose creativa, con sus recientes sanciones contra el sector productor de oro y su nueva estrategia para apoyar las instituciones de la sociedad civil nicaragüense sistemáticamente oprimidas”, indica Gedan.
Agrega que “la Casa Blanca necesitará nuevos socios en esta campaña”, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. “Nicaragua ofrece a los nuevos líderes izquierdistas de la región una oportunidad para demostrar que su compromiso con la democracia es más importante que la ideología política”.
La izquierda en la región tomó fuerza este año con la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en los comicios de Brasil y de Gustavo Petro en Colombia. En 2021 ganó las elecciones en Chile el exlíder estudiantil Gabriel Boric, quien ha cuestionado la situación de los presos políticos en Nicaragua, lo mismo que Petro.
Alianzas con Rusia, Irán y China
En lugar de encontrar una salida a la crisis política en Nicaragua, que en este 2022 suma cinco años, la administración del presidente Ortega ha llevado a más opositores a la cárcel, según organismos de derechos humanos.
Hasta ahora Ortega ha rechazado negociar una solución a la crisis. A comienzos de de mayo de 2022, el gobierno de Estados Unidos confirmó a la VOA que mantiene una comunicación bilateral con Nicaragua.
No obstante, finalizando el año, el diálogo no se ha dado y la persecución contra disidentes y organismos de la sociedad civil ha aumentado, indican sus críticos.
También el mandatario ha reforzado sus alianzas con China, Rusia e Irán.
En 2022 el gobierno acumuló más de 2.900 oenegés nacionales y extranjeras cerradas desde noviembre de 2018. “Es decir, estamos hablando de prácticamente el 42 % de las personerías existentes en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, explica a la Voz de América el activista nicaragüense Amaru Ruiz.
“Sólo en 2022 estamos hablando de un 90 % de las cancelaciones que han ocurrido desde 2018 hasta la fecha. Este año ha sido el año donde más se han cancelado personerías jurídicas de organizaciones nacionales e internacionales”, lamenta el activista y asegura que esto implica un impacto al deterioro de las condiciones y las capacidades de ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo que tiene Nicaragua.
Amaru lamenta que no hay un proceso de sustitución de los programas y los proyectos desarrollados por estas organizaciones. “Es decir, una vez canceladas las personerías jurídicas de estas organizaciones nacionales e internacionales, la población que se beneficiaba de estos proyectos y programas queda desatendida porque tampoco existe un nivel de sustitución de estos proyectos y programas por parte del régimen de Nicaragua”.
La Administración Ortega por su parte asegura que este año ha “consolidado la paz” desde los acontecimientos de 2018, cuando el país estalló en una oleada de violentas que fueron reprimidas por el gobierno, causando la muerte de más de 300 personas, según organizaciones internacionales.
Este 2022 durante las elecciones primarias para elegir a las autoridades de los 153 municipios del país, el oficialismo obtuvo el 100% de los puestos.
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