La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la instrumentalización del Poder Judicial para la persecución y privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas, especificamente de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
"La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho", argumentó la CIDH.
La Comisión informó que entre los tres países hay un total de 1.467 prisioneros políticos, siendo Cuba el país con más prisioneros de este tipo con un total de 1.034. Mientras que Venezuela y Nicaragua tienen un total de 247 y 195 detenidos respectivamente.
La CIDH advirtió que en estos países "las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal".
Con respecto al tratamiento diferenciado, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resaltó algunos patrones como ausencia de información sobre el preso, aislamiento e incomunicación, falta de atención médica, falta de agua potable y alimentación adecuada, prohibición de visitas familiares por largos periodos, torturas y tratos crueles, reclusión en centros de detención alejados de sus familias como forma de represalia o castigo por el activismo político.
De la misma manera, la nota de prensa subrayó que "las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social".
El comunicado criticó además el caso de las mujeres trans presas de conciencia que en muchos casos son encarceladas en prisiones de hombres "lo cual resulta en múltiples violencias".
La CIDH recordó la obligación de los Estados de respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. La organización exigió la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal.
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