El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saliente, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos de la etnia uigur y otras minorías étnicas en la región china de Xinjiang, publicado el 31 de agosto, detalla los abusos generalizados, que incluyen ataques a prácticas culturales y religiosas, separación de familias, arrestos y detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y desapariciones forzadas en todo Xinjiang, la región más grande de China.
El documento, facilitado a la prensa acreditada ante Naciones Unidas cuando quedaban pocos minutos para que en Ginebra acabara la última jornada oficial de Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos, recomienda a los Estados, las empresas y la comunidad internacional tomar medidas con miras a poner fin a los abusos y promover la justicia y la rendición de cuentas.
La ONU calcula que en Xinjiang ha llegado a haber hasta un millón de detenidos. De ellos, los entrevistados para el informe describieron las condiciones en los llamados "centros de formación profesional" que equivaldrían a tortura u otras formas de malos tratos, incluido "ser golpeados con porras, incluso porras eléctricas, mientras se les sujeta con correas en los llamados ‘silla de tigre’; ser sometidos a interrogatorios con agua vertida en sus rostros; confinamiento solitario prolongado; y ser obligados a sentarse inmóviles en pequeños taburetes durante períodos prolongados de tiempo".
La reacción de Pekín fue asegurar que el contenido de este informe está "lleno de falacias".
Este jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que el texto es un “invento convertido en herramienta política” por parte de Estados Unidos y los países occidentales, y agregó que se debe acabar con las “malas prácticas” y los “dobles raseros” a la hora de politizar los derechos humanos.
Además la investigación concluye que "la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de la comunidad de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad".
El informe señaló que las autoridades chinas continúan criticando abiertamente a las víctimas y sus familiares que ahora viven en el extranjero por hablar sobre sus experiencias en Xinjiang. En palabras de uno de los entrevistados: "Tuvimos que firmar un documento para guardar silencio sobre el campamento. De lo contrario, nos mantendrían más tiempo y habría un castigo para toda la familia".
La ONG Human Rights Watch declaró en un comunicado que se trata de "un histórico informe".
"La jefa de derechos humanos de la ONU por primera vez pone al descubierto los graves abusos del gobierno chino y concluye que pueden constituir crímenes de lesa humanidad", dijo John Fisher, director adjunto de Asuntos Globales de Human Rights Watch.
"Las víctimas y sus familias, a quienes el gobierno chino ha vilipendiado durante mucho tiempo, por fin han visto reconocida su persecución, y ahora pueden esperar que la ONU y sus Estados miembros tomen medidas para identificar a los responsables", agregó.
“Este documento de 46 páginas pone en evidencia la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Xinjiang, respecto a las cuales Amnistía Internacional ya llegó a la conclusión de que constituían crímenes de lesa humanidad. No cabe ninguna duda de los motivos por los que el gobierno chino se esforzó tanto en presionar a la ONU para que lo ocultara", afirmó Amnistía Internacional.
El informe desafía el flagrante desprecio del gobierno chino por sus obligaciones internacionales de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Llama a las empresas a cumplir con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos y al seguimiento por parte de los países y organismos miembros de la ONU, que podría tomar la forma de una investigación para entrevistar a víctimas y sobrevivientes, identificar a los responsables, recopilar evidencia y recomendar estrategias para determinar responsabilidades.
Mecanismos similares recientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han incluido comisiones de investigación, misiones de investigación y misiones de monitoreo internacional independientes. Esto también podría conducir a la identificación de todos los desaparecidos forzosamente para que puedan reunirse con sus familias.
El informe debe presentarse formalmente al Consejo de Derechos Humanos como una cuestión prioritaria, dijo Human Rights Watch, para que los Estados puedan discutir los hallazgos del informe y tomar las medidas necesarias para implementar sus recomendaciones.
El texto también se basa en el análisis de las leyes, regulaciones y políticas chinas. Los hallazgos son consistentes con los de académicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos, publicados desde 2017 que documentan graves crímenes internacionales. En los últimos cinco años, Human Rights Watch ha documentado detenciones masivas arbitrarias, vigilancia generalizada y crímenes contra la humanidad en toda la región.
La alta comisionada ha estado evaluando sistemáticamente un creciente cuerpo de evidencia sobre las violaciones del gobierno chino contra los uigures y otras comunidades túrquicas. Las revisiones de los órganos de tratados y los informes de los expertos en derechos humanos de la ONU también aportaron al nuevo informe, lo que reforzó las preocupaciones sobre la detención secreta y las separaciones familiares ilegales, entre otras violaciones.
En junio de 2020, 50 expertos en derechos humanos de la ONU instaron al Consejo de Derechos Humanos a establecer un mandato independiente para monitorear e informar sobre la represión en China, en parte como respuesta a la resistencia del gobierno chino al escrutinio de derechos humanos de la ONU. En junio de 2022, otro grupo de expertos de la ONU reiteró la declaración de 2020 y nuevamente instó a las autoridades chinas a otorgarles acceso para investigar "acusaciones de violaciones significativas de los derechos humanos y represión de las libertades fundamentales en el país".
En mayo, Bachelet visitó China, a pesar de no poder viajar ni relacionarse con interlocutores libremente, y tuvo poco contacto directo con las comunidades afectadas. En una declaración de fin de misión entregada el 28 de mayo, Bachelet subrayó que la visita no era una investigación, por lo que señaló que requeriría "un trabajo detallado, metódico, discreto y de carácter investigativo". El nuevo informe sienta una base sólida para una mayor acción de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos hacia la rendición de cuentas en China.
"Nunca ha sido tan importante para el sistema de la ONU hacer frente a Beijing y apoyar a las víctimas", dijo Fisher. "Los gobiernos no deben perder el tiempo estableciendo una investigación independiente y tomando todas las medidas necesarias para promover la rendición de cuentas y proporcionar a los uigures y a otros la justicia a la que tienen derecho".
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