El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano recibió este miércoles visita familiar y conyugal en la prisión de Canaleta, en Matanzas, donde se encuentra encarcelado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, donde reside junto a su familia.
"Él está bien, pero muy delgado. Muy firme en sus ideas, que no quiere abogado. Ese juicio de él ya está hecho, me lo dice así mismo. Todo el tiempo, afuera, estuvo un carro con dos agentes de la Seguridad del Estado. Llevamos un saco muy pesado y cuando bajamos de la máquina, Iván Hernández Carrillo nos acompañó", dijo a Radio Martí Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano.
La mujer señaló que en la prisión de Canaleta "la comida es pésima", pero que, al menos, el opositor "no tiene problema ahí con ningún preso".
Aparte de la visita con los familiares fue la visita conyugal.
"Esos cuartos de la visita matrimonial son horribles, es como un cuarto de tortura, es asfixiante, porque hay no hay un ventilador, no hay nada", explicó Burunate.
Es la segunda visita familiar que recibe Rangel Manzano desde que entró a prisión, hace ya más de tres meses. El fundador y principal promotor de iniciativas de ayuda a su comunidad, como el Proyecto Tondique, y también integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, padece una cardiopatía.
Ragel Manzano dijo a su esposa que días atrás le dio un fuerte dolor en el pecho y le tomaron la presión arterial.
"Los medicamentos los tuve que llevar yo, porque él tiene problema en el corazón, y aunque ahí hay farmacia, la mayoría de los medicamentos están en falta", denunció Burunate.
También en Canaleta se encuentra el activista Leylandis Puentes Vargas, además de otros jóvenes arrestados el 11J. "Están en el mismo lugar, pero en distintos destacamentos. Casi todos los que están ahí son muchachos jóvenes que se manifestaron el 11 de julio", aseguró la activista.
Recientemente, el órgano acusatorio pidió para Francisco Rangel Manzano 7 años de cárcel, y para Leylandis Puentes Vargas, 8 años, ambos por los delitos de "desórdenes públicos" y "desacato", tras marchar pacíficamente el 11 de julio, en la localidad matancera de Colón.
