Una condena unánime al gobierno de El Salvador por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y gobiernos de la región fue la petición que hicieron organismos de derechos humanos, defensores de la libertad de prensa y representantes de la sociedad civil.
Los organismos y organizaciones se pronunciaron el miércoles por una serie de reformas aprobadas por el Congreso salvadoreño que fueron promulgadas por el presidente Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que vive el país.
“No es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador", dijo Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch (HRW).
Taraciuk, junto a otros representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y la Plataforma de seguridad ciudadana, se pronunciaron públicamente durante una conferencia de prensa por las políticas implementadas desde el Ejecutivo salvadoreño, que, aseguran, ponen “en riesgo" los derechos de los ciudadanos de ese país centroamericano.
Durante su participación la representante de HRW hizo un llamado a la OEA y a los gobiernos de la región a emitir fuertes pronunciamientos por la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños como parte del régimen de excepción.
Además, señaló que las acciones del Gobierno "en vez de fortalecer a las instituciones democráticas, que son importantes para poner frenos a abusos", han "debilitado la independencia judicial".
La organización de derechos humanos Cristosal presentó un análisis preliminar de las reformas y legislación aprobadas, las que, según el documento, considera “inconstitucionales”.
Además, reconocieron que la violencia que vive el país debe ser abordada de forma urgente por el Estado, pero “de manera responsable”.
Libertad de prensa
De acuerdo con las instituciones, reformas como la más reciente a Ley de Proscripción de Pandillas, que castigará con hasta 15 años de cárcel a personas o medios que publiquen textos, imágenes, grafitis o cualquier otra forma de expresión visual relacionada a las pandillas, “atenta contra la libertad de expresión”.
“Es un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer", explicó César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
APES, que también realizó un evento para mostrar su inconformidad, señaló que la reforma no busca combatir las pandillas sino acallar las voces de los periodistas.
“Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conocieron que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas, o que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición hacia los Estados Unidos", afirmó Fagoaga.
El representante de la asociación hizo referencia a la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador de negar la extradición de Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias 'Manicomio', pandillero de la MS-13 reclamado por un tribunal de EE. UU. por cuatro homicidios y otros delitos.
Además de Morales, EE. UU. también ha solicitado desde 2020 a las autoridades de El Salvador entregar a Eliú Melgar Díaz, alias 'Blue', líder de la MS-13 requerido por una corte de Virginia, donde enfrenta una acusación por terrorismo.
Más voces
Simultáneamente al pronunciamiento de APES, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Florida, emitió un comunicado donde rechazó las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas en El Salvador, por considerar que "criminaliza” el trabajo de los medios y periodistas.
SIP estima que los cambios “contravienen […] los principios constitucionales y los tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público”.
Los representantes de la institución dijeron que “El Salvador ocupa la posición 18 entre 22 países en el Índice Chapultepec de la SIP”, barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa. Según esta medición "el país centroamericano se acerca a altos niveles de restricción, en un contexto sin precedentes en su historia reciente".
Pese a las criticas, tanto Bukele como sus aliados defienden las medidas. El mandatario ha arremetido contra organismos y organizaciones en repetidas ocasiones por criticar el estado de excepción en El Salvador.
En sus más recientes publicaciones en su cuenta de Twitter, Bukele justificó las últimas reformas: “Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así”, agregó el presidente.
El Salvador impuso el régimen de excepción hace 10 días, luego de un fin de semana especialmente violento donde al menos 87 personas perdieron la vida a manos de supuestos miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Según Bukele, hasta ahora han capturado a más 6.894 presuntos pandilleros de cerca de 70.000 que controlan el país centroamericano.
