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"No podemos permitir otra Primavera Negra", exigen garantías a libertad de prensa en Cuba


El aparatoso arresto del periodista y escritor Raúl Rivero el 20 de marzo de 2003 en su vecindario en Centro Habana.
El aparatoso arresto del periodista y escritor Raúl Rivero el 20 de marzo de 2003 en su vecindario en Centro Habana.

Una nueva campaña de recogida de firmas, instalada en la plataforma avaaz.org exige el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba.

La petición "Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba" demanda también la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio del periodismo en la isla y el establecimiento de garantías jurídicas para ejercer las libertades de prensa y expresión, "que deberán incluir leyes de transparencia y protección de fuentes; y la liberación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces".

El llamado, suscrito por periodistas de más de una decena de publicaciones sobre asuntos cubanos, denuncia el aumento de la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan en proyectos periodísticos y comunicativos que funcionan de manera independiente del Estado y del Partido Comunista de Cuba y al margen de las publicaciones oficialistas.

"Detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cerco de domicilios para impedir la cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, amenazas de prisión, intimidación a familiares y estigmatización social, son algunas de las acciones represivas que sufren periodistas, blogueros y comunicadores independientes", apunta la petición.

Los firmantes critican los medios de prensa donde "las agendas y rutinas productivas de los medios estatales están permeadas por el poder político y son intervenidas por sus funcionarios con frecuencia; lo cual constituye una fuente inagotable de conflictos de intereses, en los que la balanza siempre se inclina a favor de los intereses del poder político y no de los intereses de la sociedad".

"La existencia de medios estatales -que no por estatales son públicos- no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión. Las libertades de prensa y expresión son derechos de todos los ciudadanos por igual, no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido, que aseguran representar la voluntad de todo un pueblo, pero prohíben la manifestación de cualquier voluntad que difiera de la que representan", señalan.

Los firmantes alertan: "No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como la de 2003, cuando el Estado cubano detuvo a 75 ciudadanos, entre quienes había periodistas independientes y defensores de derechos humanos, y les impuso condenas de hasta más de 20 años de privación de libertad. Y aunque para 2011 ya habían sido excarcelados, los instrumentos legales que se emplearon para juzgarles continúan vigentes. Si bien en el propio Código Penal existen varios artículos que atentan contra las libertades de prensa y expresión, consideramos que la Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen las amenazas más serias en este sentido".

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