En lo que va de 2020 al menos 28 cubanos han sido multados por postear en sus redes sociales privadas, específicamente en Facebook, indica un reporte del grupo legal Cubalex.
La aplicación del Decreto-Ley 370 de 2019, en vigor el 4 de julio de 2019, contempla multas de 3 mil pesos y el decomiso de los equipos y medios utilizados para conectarse a Internet.
La normativa, que permite a las autoridades sancionar a los usuarios de redes sociales por las opiniones que expresen, intenta disuadir a periodistas independientes y activistas de utilizar las redes sociales para denunciar la situación que atraviesa el país, indica la consultoría legal.
"Una exhaustiva revisión de denuncias en la prensa independiente y redes sociales realizada para este reportaje concluyó que a la fecha al menos 28 cubanos, en su mayoría periodistas y activistas, denunciaron haber sido sancionados por el contenido de sus publicaciones en Facebook. Las multas ascendieron a 30 porque dos ciudadanos fueron sancionados con un par de penalizaciones", indica la nota publicada esta semana y agrega que más del 85 por ciento de las multas se han impuesto durante la pandemia.
Gaspar Pisanu, asociado de políticas públicas de la organización Access Now, dijo en entrevista con Cubalex que el espíritu de esta norma es controlar todo el entorno virtual y que sus "definiciones legales ambiguas" junto a los antecedentes represivos del gobierno cubano "están provocando una interferencia innecesaria y desproporcionada con el derecho a la libertad de expresión en línea”.
Aunque el reporte incluye solo menciones a Facebook, es importante recordar que Instagram y WhatsApp, también ampliamente usadas por los cubanos también son propiedad de Facebook Inc.
La plataforma YouTube está también en la mira de las autoridades policiales, de acuerdo a múltiples denuncias sobre interrogatorios y decomisos de equipos a youtubers cubanos, enviadas a nuestra redacción.
Periodistas independientes y activistas por los derechos humanos en Cuba han pedido la derogación del decreto, conocido también como Ley Azote. Esta petición, que denuncia la norma como una amenaza a la libre expresión, ha sido respaldada por importantes organismos internacionales, ONGs y medios de prensa.
