Familiares de la presa política Angélica Garrido, quien sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de 2022, expresaron preocupación por la salud de la joven confinada en la prisión Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Habana.
Desde Quivicán, en Mayabeque, el activista Luis Rodríguez denunció a Radio Martí el estrés que sufre su esposa, sin recibir la atención médica necesaria.
"Está teniendo los mismos síntomas que tenía antes de que padeciera el accidente cerebrovascular que le provocó una parálisis facial. Está padeciendo los mismos síntomas producto de un gran estrés por el que está pasando. Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmó con su sangre de todas las presas, son 10 presas que lo hicieron", explicó el activista.
Garrido fue una de las 10 activistas encarceladas que en febrero pasado firmaron una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del papa Francisco de que los manifestantes del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Están prohibiendo en la prisión la presencia de cartas, fotos y noticias de presos políticos y comunes, dijo Rodríguez.
Añadió que Angélica Garrido está padeciendo síntomas como "manos y pies morados, una mano con una temperatura caliente, la otra mano fría. Calambres en la mano. Los párpados los tiene caídos. Mucho cansancio".
Según el opositor, su esposa les informó este lunes a las autoridades de la prisión sobre su estado de salud. "Les dijo: miren, me está pasando esto. [Se lo dijo] a la segunda jefa de la prisión y a su reeducardor."
Al mismo tiempo, Rodríguez denunció en la prisión de Mujeres de Occidente "está habiendo ahora una enemistad entre los presos comunes y las presas políticas", lo que ha llevado a que se hayan registrado intentos de agresión. "Ha habido agresión, pero no se ha materializado, o sea intento…". Para el opositor, esta situación es "mandada por la Seguridad del Estado, que es la que maneja los signos de todas estas cosas".
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a tres y siete años de privación de libertad respectivamente, por haber protestado el 11J en Quivicán.
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