Familiares del preso político Andy García Lorenzo radicaron una denuncia en el Tribunal Provincial de Villa Clara, en la que exponen el acoso y la represión de que han sido objeto a partir de sus protestas por la encarcelación del joven manifestante del 11 de julio.
Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, y quien presentó el documento, dijo Radio Martí que la denuncia “es una manera de ponerle un costo y un freno” al régimen cubano. “Es que el acoso y la presión es descomunal”, explicó.
López denunció que el acoso del régimen cubano ha llegado tan lejos que hasta oficiales de los cuerpos policiales siguen a la familia cuando está en la calle, y considera que, a pesar de que la denuncia pueda ser desestimada, ellos continuarán exigiendo el respeto a sus derechos.
“Esto no nos blinda, pero es algo más que podemos hacer”, recalcó.
“Me dijo mi abogado que ellos (el régimen) no tienen plazo para responder, pero que generalmente estas cosas, cuando se ponen en los tribunales, ellos tratan de responder lo más pronto posible o pasarlo a la Fiscalía”, señaló.
López denunció también que Andy García Lorenzo está siendo sometido a un permanente aislamiento dentro de la cárcel de Guamajal por denunciar lo que sucede en la prisión.
“Lo han castigado porque él usa el teléfono para denunciar si algún preso está enfermo, o si hay un preso que necesita ayuda, y eso ha provocado que le quiten el teléfono”, aseguró.
El joven lleva tres meses incomunicado y todavía le queda un mes de castigo. Los presos han notificado, además, a la familia que el prisionero político es sacado al patio para tomar sol una o dos veces por semana sin que tenga contacto con alguien más. “No ve a nadie, no tiene contacto con nadie, y eso lo está afectando psicológicamente”.
García Lorenzo fue detenido el 11 de julio de 2021 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara, durante las demostraciones de descontento popular que tuvieron lugar ese día en toda la isla. En enero de este año, el joven fue presentado a juicio, pero la sentencia impuesta por fiscalía de 7 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado, no se ha hecho firme hasta el momento.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
