La Fiscalía venezolana acusó hoy al alcalde opositor de un municipio ubicado en el centro de Venezuela por su presunta responsabilidad en la violencia registrada durante la ola de protestas antigubernamentales que se iniciaron en el país a principios de 2014.
"El Ministerio Público (MP) imputó al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos desde el 12 de febrero hasta finales de junio en el estado Aragua", informó el miércoles la Fiscalía en un comunicado.
Los fiscales designados por el MP "le imputaron a Guarate el delito de instigación", establecido y sancionado en el artículo 285 del Código Penal venezolano, agregó el texto.
Según este artículo, "quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años".
Las protestas contra el Gobierno de Maduro empezaron el 12 de febrero de 2014 y se desarrollaron con fuerza durante cuatro meses, dejando incidentes violentos que dejaron un balance de 43 muertos, unos 800 heridos y más de 3.000 detenidos, de los cuales aún permanecen 51 detenidos.
El alcalde opositor aseguró que acudirá "las veces que sean necesarias al Ministerio Público para aclarar estos hechos vandálicos que se suscitaron" y que los motivos de su imputación obedecen a razones políticas.
"Si pensar distinto es un delito, entonces seguiré siendo un perseguido político", añadió Guarate sobre la acusación, según un comunicado.
Guarate es también dirigente del partido Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López, quien permanece en prisión desde hace casi un año acusado y juzgado por delitos igualmente relacionados con las protestas.
El burgomaestre gobierna uno de los municipios del estado Aragua (centro) donde las protestas se sintieron con mayor intensidad.
Con Guarate ya suman tres los alcaldes opositores que han sido acusados por la violencia de las protestas.
Los ex alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron destituidos acusados a mediados de marzo por delitos similares. El primero se encuentra en libertad a raíz de una medida humanitaria por motivos de salud concedida el viernes pasado, y el segundo permanece en prisión junto a López.
