José Raúl Colomé, hijo del exministro del Interior Abelardo (Furry) Colomé Ibarra, y Osmani Cisneros, hijo del fallecido dirigente Ángel Cisneros, ambos con sobrada experiencia en gastronomía y exitosos como negociantes privados, se encuentran involucrados en un proceso penal que parece carecer de lógica.
Varios establecimiento de su propiedad han sido cerrados por las autoridades, y el muy concurrido restaurante Starbien, ubicado en Calle 29 # 205 entre B y C, en el Vedado, ya fue confiscado y entregado como hogar para niños sin amparo filial.
“Aún cuando el tribunal no se ha pronunciado en contra, a los dos cuentapropistas se les aplicó una medida cautelar sin justificación alguna”, informó a Martí Noticias un especialista en derecho laboral que trabaja para el departamento legal de la Organización Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Como parte de la guerra gubernamental contra el cuentapropismo, otro de los restaurantes que administraban Colomé y Cisneros, El Chachachá, situado en Monserrate entre Tejadillo y Chacón, justo detrás del Museo de la Revolución, también fue clausurado.
Según explica el letrado, el restaurante Starbien brindaba un servicio exquisito a precios asequibles y logró mantenerse entre los primeros en la lista de la preferencia de clientes nacionales y turistas internacionales por fusionar servicio e innovación culinaria.
En poco tiempo pasó de tímido restaurante de moda a un grupo empresarial privado con liderazgo emprendedor que compró partes de otros restaurantes, ofreció talleres sobre el uso de redes sociales, financió proyectos de nuevos emprendedores, fomentó obras de carácter social en su entorno y se desmarcó de muchos al adoptar una estrategia agresiva, como es el aprovechar oportunidades para expandir el comercio dentro y fuera de la isla.
El Ministerio de Finanzas y Precios, el de Trabajo y Seguridad Social, y la ONAT, regulan las obligaciones de los emprendedores cubanos, pero en ninguna de sus muchas ordenanzas queda claro cuáles son los derechos, y qué defensa o amparo tienen los cuentapropistas con aspiraciones de multiplicar negocio.
Es comprensible la curiosidad que despierta este caso, porque involucra a uno de los hijos del otrora poderoso General Colomé Ibarra.
Las versiones que recorren la calle les imputan a Colomé y Cisneros delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas, de influencias y otras, pero el expediente de la causa no consigue evidenciar ningún acto de corrupción, ni alteración de las normas establecidas para el sector privado, según reportes obtenidos por Martí Noticias.
“El proceso que las autoridades intentan seguir contra estos dos emprendedores no tiene lógica legal. Parece un ajuste de cuentas ordenado por alguien que quiere y puede hacer uso a su antojo de la ley, las instituciones y el ordenamiento jurídico-normativo nacional”, dijo la fuente.
La nueva estrategia del gobierno -según la fuente- es girar el fusil del francotirador estatal hacia otro de los sectores de la iniciativa privada, como el de las cooperativas no agropecuarias de construcción y/o producción.
