El gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato, informó Prensa Asociada (AP).
Un juez federal le ordenó la semana pasada al gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el gobierno las programara. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. Había más vuelos de deportación programados el lunes.
Se desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, o si habían cruzado recientemente la frontera de forma ilegal, casos que se consideran prioritarios según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entraron en vigor el lunes.
Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas —un proceso más rápido que la deportación— con base en una orden de salud pública que el presidente Donald Trump invocó durante la pandemia de coronavirus y que Biden ha mantenido.
En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que atestiguó la masacre de 23 personas en un Walmart en 2019. Ella había accedido a declarar en contra del agresor y se ha reunido con los fiscales locales, según sus abogados.
A la mujer se le marcó el alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de freno a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa López, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.
La mujer es identificada sólo como Rosa porque teme por su seguridad en Ciudad Juárez, una urbe conocida por su violencia y actividad de pandillas.
Los registros de la cárcel confirman que Rosa fue fichada en la prisión de El Paso el miércoles y salió el viernes. El día de su arresto, el ICE emitió lo que se conoce como una “orden de detención”, con el fin de mantenerla tras las rejas por violaciones a las leyes de inmigración, de acuerdo con la policía del condado El Paso.
La fiscalía de distrito de esa misma ciudad confirmó el lunes en un comunicado que le había dado a los abogados de Rosa la documentación necesaria para solicitar una visa estadounidense para las víctimas de delitos. Pero en el comunicado también se afirma que Rosa “no es una víctima del caso del tiroteo en el Walmart". La fiscalía no respondió de momento a preguntas de seguimiento.
Sus abogados dijeron que Rosa se declaró culpable en 2018 de conducir intoxicada y posteriormente el ICE la puso en libertad, lo que deja ver que las autoridades habían determinado durante el gobierno de Trump que la mujer no representaba una amenaza para el público, señaló López.
Durante la campaña presidencial, tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se opusieron manifiestamente a las prioridades del gobierno de Trump en materia de inmigración, precisó la AP.
“Es importante que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris se percaten de que, a pesar de sus deseos muy claros sobre el trato que se les da a los inmigrantes, seguimos viendo a inmigrantes que son maltratados e ignorados a nivel local", dijo López.
El ICE señaló el viernes que había deportado a gente a Jamaica y que lo hizo en cumplimiento de una orden judicial de la semana pasada. La agencia no respondió a varias solicitudes para que hiciera más comentarios sobre otros vuelos de deportación o sobre el caso de Rosa.
Funcionarios de Honduras confirmaron que 131 personas iban a bordo de un vuelo de deportación que aterrizó el viernes. Otro vuelo que llegó a Guatemala el viernes traía a 138 personas, y se prevé que 30 personas más arriben el lunes, dijeron funcionarios locales.
La Casa Blanca refirió las preguntas al DHS, pero un portavoz de la agencia no respondió a las solicitudes de comentarios.
