“Las feroces restricciones que impone el gobierno cubano a la libertad de expresión afectan especialmente a los periodistas”, afirmó Juan Pappier, investigador de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Como ejemplo de esa realidad, está el caso de Camila Acosta. “Desde que empezó a trabajar en el sitio web de noticias Cubanet hace poco más de un año, Acosta ha sido blanco de múltiples ataques”.
“A fines de julio”, explica Pappier, “Acosta estaba esperando a unos amigos en un parque en La Habana cuando dos agentes le pidieron su documento de identidad, la detuvieron y la llevaron a una estación de policía”.
Las autoridades hallaron en su cartera mascarillas con la leyenda “No al Decreto 370”, ley que prohíbe difundir información “contraria al interés social”.
“Los agentes obligaron a Acosta a quitarse la ropa para hacerle un registro corporal”, según contó a HRW. Luego le impusieron una multa y la amenazaron con un proceso penal por cuestionar el mencionado decreto.
“Este es apenas el último de una serie de incidentes de acoso en contra de Acosta”, destacó Pappier.
En noviembre de 2019, un funcionario de inmigración impidió a Acosta viajar a Argentina y le dijo que estaba regulada, o sea no podía salir del país.
“Desde febrero”, dice Pappier, “Acosta se ha visto obligada a cambiar de casa en La Habana al menos seis veces. Cada vez que alquiló una nueva vivienda, los dueños le informaban al poco tiempo que debía irse. Algunos le explicaron a Acosta que la policía los reprendía por alojar a una disidente”.
En marzo, tras ser detenida por cubrir una manifestación, amenazaron con acusarla de “usurpación de funciones públicas”, debido a su trabajo periodístico.
“Dos semanas después, la citaron de nuevo a presentarse en una estación de policía, donde un agente le mostró tres publicaciones recientes suyas en Facebook, incluido un meme de Fidel Castro. El agente invocó el Decreto 370 para aplicarle una multa de 3.000 pesos cubanos”, denuncia el investigador de HRW.
Al concluir su artículo, Pappier plantea esta pregunta: ¿por qué les molesta y preocupa tanto a las autoridades cubanas que una periodista haga su trabajo?
