El Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) ha emitido su Informe número 26, correspondiente al mes de octubre del presente año en el cual, denuncian "un alto nivel de amenazas a la sociedad cubana en general".
El reporte dice que la intimidación está dirigida en particular, "a los familiares de los presos del 11J, disidentes en activo, presos comunes que se encuentran en libertad y personas no vinculadas a alguno de estos grupos que firmaron un documento en Internet sobre su participación en la programada Marcha del 15 de noviembre”.
La frecuencia de los ataques a través de los medios de prensa nacionales a la reputación de los miembros de la sociedad civil y opositores ha alcanzado los máximos niveles: "Nunca antes se habló tanto por los medios de comunicación, sobre los que disienten, como en estos momentos, al extremo de que el pueblo los conoce".
El Centro Cubano de Derechos Humanos registró un total de 600 personas arrestadas por los sucesos del 11 de julio. De ellos un 10% fue puesto en libertad con una multa administrativa. Solo hay 3 a los que se les declaró la libertad inmediata, el resto está preso en cualquiera de estas condiciones: cumpliendo sentencia, pendiente de juicio en centro penitenciario o pendiente de juicio en la casa, con un cambio de medida o una fianza.
El informe menciona a la organizaciones que han declarado abiertamente que enfrentarán a los manifestantes del 15 de noviembre, entre ellas la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubana (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía Nacional y hasta la Academia de Ciencias de Cuba, "todos siguiendo directrices del Partido Comunista de Cuba, y asegurando "representar a la sociedad civil".
Por último concluyen que la mayoría de los que han sido detenidos o citados en octubre ha sido para advertirles que no participen en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.
"Se sigue trabajando en lograr un listado que se acerque a lo más real posible de las personas que resultaron detenidas y ya otras presas, durante los sucesos del 11 de julio. Sí se puede afirmar, que en la medida que se acerca la fecha (15N) han ido aumentando los años que solicita la Fiscalía por la participación en esta marcha. En estos momentos hay peticiones hasta de 30 años de privación de libertad. Solo faltaría por ver: la cadena perpetua y el restablecimiento del fusilamiento. Pero de forma desafortunada, todo se puede esperar de la dictadura, para mantenerse en el poder".
