El informe sobre el conflicto interno de Nicaragua, presentado este miércoles por la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Kate Gilmore, fue respaldado por organizaciones humanitarias y de la oposición del país, que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.
En su informe, Gilmore afirmó que la represión del Gobierno hacia el movimiento opositor contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha causado que 70.000 personas partan al exilio, además de los 300 muertos, 2.000 heridos y más de 80 manifestantes encarcelados.
El miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Michael Healy, afirmó que el informe "ayuda a que internacionalmente se vea que en Nicaragua sí ha habido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, y persecución, no sólo a los excarcelados, también a sus familias".
Gilmore también dio cuenta de torturas y tratos vejatorios se atribuyen a fuerzas de seguridad pública y a grupos armados progubernamentales.
"Compartimos ese informe, hemos recibido denuncias de familiares de personas que han perdido la vida a manos de paramilitares, es una situación de mucha incertidumbre, la Policía no respeta los derechos humanos", mencionó el presidente ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (PCDH), Marcos Carmona.
Gilmore además reclamó la liberación de "todos los que puedan estar arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestar opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión".
"El informe es contundente, hay una situación de maltrato a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, las Naciones Unidas están confirmando lo que ya todo el mundo sabe", señaló el abogado Julio Montenegro, quien ha defendido a decenas de opositores en medio de la crisis.
El Gobierno de Nicaragua, a través del vicecanciller Valdrack Jaentschke, negó los señalamientos de Gilmore, sostuvo que en el país no se violan los derechos humanos, que son los opositores los que violan las leyes, y que ya ha excarcelado a todos manifestantes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que respaldó el informe de Gilmore, rechazó la versión del Gobierno nicaragüense.
"El Cenidh rechaza, por faltar a la verdad, la comparecencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde sus enviados presentaron una falsa realidad del país, haciendo creer que respetan los derechos humanos de los nicaragüenses", destacó la ONG.
La crisis de Nicaragua inició en abril de 2018, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se alzó contra Ortega luego de que su Gobierno realizó ataques armados contra manifestantes, con resultados letales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.
