El informe “Incompatibilidad del sistema electoral cubano con la Carta Democrática Interamericana” del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, fue presentado este lunes en una conferencia virtual, a la que asistieron miembros de la Sociedad Civil independiente cubana.
El reporte recomienda “una serie de acciones destinadas a subsanar esta incompatibilidad para lograr los elementos esenciales para una democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo y la separación e independencia de los poderes públicos”, explicó Cristina Fetterhoff, directora de Programas de la organización con sede en Washington, DC.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, es un instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla.
En este sentido, el informe encarga concretamente:
1. Aceptar lo dispuesto en la resolución de la Asamblea General de la OEA con número 2438 del 3 de junio de 2009 e iniciar el proceso de diálogo con la OEA encaminado a lograr la participación de Cuba en este organismo continental.
2. Aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático y herramienta interpretativa de la Carta de la OEA en lo referente a los estándares de democracia representativa en la región.
3. Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
4. Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde, a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
5. Revisar el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad y para examinar la ley número 127, la ley electoral cubana, a fin de garantizar el régimen plural de partidos u organizaciones políticas y una junta o Tribunal Electoral independiente para que se priorice la justicia e imparcialidad de procesos electorales periódicos basados en el sufragio universal y secreto.
“Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades cubanas hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos; como se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezcan de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y en las leyes, por muy limitados que sean”, indicó el líder opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los panelistas.
“Sobre todo cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política. Ese fue un punto clave de una de las disertaciones de este evento”, señaló Cuesta Morúa y agregó:
“Los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos los cubanos para tratar de llevar la lucha por la democracia al mejor puerto posible: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Y, ¿Cuál es la actitud y la mentalidad que ha venido desarrollando la sociedad cubana en esa dirección?”.
Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, analizó la situación de los derechos políticos en Cuba, en particular se refirió a los derechos electorales de los cubanos:
“La Carta Interamericana, lamentablemente, en Cuba está ausente de su sistema curricular, de los medios de comunicación y de nuestra narrativa cotidiana. Esto debido a las barreras políticas, los antagonismos ideológicos que hoy marcan la sociedad cubana y continúa siendo una herramienta de control social. Cuba, mi país, vive bajo una experiencia vertical de corte socialista y autoritario, donde los derechos de los ciudadanos están mutilados y la política del diálogo horizontal está ausente”, argumentó la activista desde La Habana.
“La nueva ley electoral que observamos en el 2019 significa un retroceso en, al menos, dos puntos esenciales. A diferencia de la ley anterior: las elecciones municipales se realizarán a los 5 años ya no cada dos años y medio, por tanto, se aleja de este modelo del periodo de renovación de los poderes locales, único nivel donde hay cierta cercanía entre elector y representante, donde las candidaturas son diversas y donde la gente tiene la propia condición de candidato”, afirmó.
“De paso el poder central, controla más directamente todo el ciclo de votación en Cuba y en sus tres niveles municipal, provincial y nacional. Segundo punto, a diferencia de la ley anterior, podemos destacar que ahora las y los gobernadores no resultan electos por la Asamblea Provincial, sino que son designados por el presidente del país, quien a su vez es designado. El proceso de votación, que no de elecciones, retrocede institucionalmente hacia formas cada vez más autoritarias, cuando la presión y demandas ciudadanas se dirigen hacia un sistema electoral auténtico y democrático”, recalcó.
Tamayo se refirió también a las demandas acerca de una ley integral contra la violencia de género que el movimiento femenino ha hecho al Estado cubano y la falta de atención a estas reclamaciones.
“La violencia política en Cuba pesa sobre nuestras cuerpas y colectivas, así como la guerra contra las mujeres que participan de la política, lo cual es una cruel realidad”, dijo.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad.
