El régimen de Cuba, reconocido por las más importantes organizaciones defensoras de la libertad de prensa como uno de los que más restringe el ejercicio del Periodismo, ha declarado, a través de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, que aboga por "el ejercicio digno y libre del periodismo".
En un comunicado en defensa del comentarista de un segmento informativo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, Humberto López, quien ha sido señalado como calumniador y principal incitador a la persecución y encarcelamiento de activistas, periodistas, artistas y gestores de la sociedad civil cubana, la UPEC dice que el "ejercicio legítimo de la libertad de prensa" está "consagrado en la Constitución, las leyes y el espíritu institucional de la nación".
El comunicado dice que los profesionales de la comunicación en Cuba no retrocederán "ni un milímetro en la misión" de que "la verdad se abra paso".
"Contamos con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo para el ejercicio digno y libre del periodismo", aseguran los oficialistas.
El mes pasado, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que establece Reporteros Sin Fronteras (RSF) menciona a la isla entre los países donde la desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica antimediática de la clase política latinoamericana donde se clasifica a los periodistas como “enemigos del pueblo”.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa ubicó a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países y entre las 20 naciones donde el ejercicio del Periodismo se encuentra en estado muy grave.
RSF señala que Cuba "permanece estancada en las profundidades de la Clasificación" y dice que en el país comunista "la prensa independiente -que no tiene reconocimiento legal, ya que La Constitución prohíbe los medios privados-, sólo puede existir a través de Internet".
Cuando las autoridades del régimen mantienen a numerosos periodistas independientes encarcelados, vigilados y sitiados en sus casas, la UPEC se atreve a decir que "una minoría anticubana en el sur de la Florida, y sus asalariados internos, desesperados por la verticalidad con la que son expuestos sus propósitos, busca callar a la prensa revolucionaria, sometiendo a sus profesionales al acoso y la intimidación y, adicionalmente, minar la confianza del pueblo cubano en su sistema de comunicación público".
En realidad, como afirmó días atrás la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2020, en la isla son los agentes estatales la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba.
"Durante el 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró continuidad en el patrón de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a información pública en la isla. En particular, se han observado actos de amenazas, hostigamiento y persecución contra periodistas, disidentes, activistas, artistas y docentes que cuestionan al régimen o que difunden información u opiniones sobre temas de interés público. Si bien las formas de hostigamiento y las restricciones oficiales no son nuevas, la CIDH y su Relatoría observan que se han incrementado en el 2020 en el marco de la pandemia. En la mayoría de los casos, la persecución contra expresiones críticas por parte del Departamento de Seguridad del Estado se amparó en las disposiciones del Decreto-Ley 370 “sobre la informatización de la sociedad en Cuba", señala el reporte anual elaborado a partir de numerosas fuentes.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) tiene a Cuba entre los 10 países con más censura y limitaciones para el ejercicio del Periodismo.
El más reciente informe publicado por la organización Human Rights Watch (HRW) detalla repetidas transgresiones a las libertades de los ciudadanos en Cuba, entre ellas menciona que el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
El Tribunal de La Habana rechazó esta semana una querella que interpuso la artista y activista Tania Bruguera contra López, también graduado de Derecho en la Universidad de Matanzas, alegando que el vocero del régimen tiene el derecho a la libertad de expresión.
