Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acompañados de miembros del cuerpo de guardabosques registraron, la pasada semana, la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio Colorado de Mayarí en la provincia Holguín, denunció a Radio Televisión Martí, el periodista independiente Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán.
“Mi suegra y su familia son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos suficientes, siquiera, para trabajar la tierra y para tener prosperidad económica”, dijo.
"Registraron su casa y encontraron mangueras de riego compradas en la tienda de materiales de la construcción, de las que vendieron por la libre para agua corriente. Las confiscaron porque, dicen, tienen que investigarlas", apuntó el comunicador mayaricero.
También impusieron 50 pesos de multa a Carballosa, la dueña de la propiedad, por pelar el tronco de un arbusto silvestre, que, de seguir creciendo, sus raíces podrían dañar el piso del humilde inmueble.
“Al hijo Yasmany Torres, por protestar, la policía lo sancionó con 20 pesos y lo amenazó con procesarlo por desacato a la autoridad", añadió Ramírez y resaltó que “la PNR ha realizado, solo en el municipio, decenas de operativos contra emprendedores indagando sobre potenciales transgresiones. Desacreditando y aterrando a las personas”.
El mismo día, las fuerzas represivas registraron tres casas más de los alrededores, multaron a sus propietarios e incautaron artículos que catalogaron como pruebas de delitos.
El periodista independiente, quien es además biólogo y agricultor, aseguró que la cacería del régimen es “en cualquier lugar, a cualquier gente. Lo mismo un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, o un trabajador rural, escudriñando, buscando algo ilícito para castigar, para que la gente sienta que hay una persecución de ilegalidades”.
Analistas han destacado que los cubanos se ven obligados a quebrantar las restrictivas leyes del país para atenuar la crisis económica doméstica. Estos operativos policiales, que cuentan con el aplauso de los medios de prensa oficiales, constituyen una cortina de humo con la que las autoridades quiere ocultar su propia incompetencia para abastecer a su pueblo.
“El registro a mi familia es parte de una represión colectiva, algo muy injusto. Están combatiendo no la delincuencia, están agrediendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general”, acotó Ramírez.
“La coyuntura incita a las personas a delatar a sus conciudadanos, a sus vecinos, lo que llamamos “chivatería”, que en muchos casos es fruto de venganzas o de envidias. Y el Estado está estimulando eso. Nadie sabe exactamente cuáles son las motivaciones de los oficiales policiales. Si lo hacen al azar o si salen a la calle a sembrar el terror o son denuncias que reciben, muchas veces infundadas”.
Para el reportero independiente, el Gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada.
