La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se anticipó al próximo debate en el Parlamento Europeo (PE) sobre los derechos humanos en la isla y desde ya lo calificó de "ejercicio politizado".
Para el régimen comunista el debate previsto para el próximo 16 de septiembre es una maniobra de diputados que responden a la agenda de Washington.
La declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de antemano asegura que el Parlamento Europeo es "triste rehén de una escalada agresiva, ajena a intereses genuinamente europeos y contraria al espíritu de diálogo respetuoso que ha primado en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea".
"Los promotores de esta nueva maniobra no tienen autoridad moral para pretender erigirse en defensores de los derechos del pueblo cubano", afirma el texto y se refiere a que "debería ser motivo de preocupación para los ciudadanos y las propias instituciones de la Unión Europea (UE) la actuación reincidente de este grupo de legisladores, cuyo desempeño en estos temas se caracteriza por el doble rasero y el empleo intensivo de la mentira".
En junio pasado, el PE aprobó una resolución de condena a las violaciones de derechos humanos en Cuba y señaló "la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes", y pidió la liberación de los presos políticos en la isla.
Aprobada con 386 votos favorables, 236 en contra y 59 abstenciones, la moción pidió al Gobierno cubano aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y que ponga en marcha reformas políticas para unas elecciones libres, justas y democráticas. Asimismo exige a la UE el reconocimiento a la oposición cubana.
Los europarlamentarios demandaron a la Unión Europea, el cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
La resolución aprobada en junio repudió las "violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales" cometidas por el Estado cubano contra su personal en misiones médicas en el extranjero que vulneran los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Cuba y a su vez, solicitan al régimen de la Isla que garantice el derecho de los cubanos, incluidos los médicos desplegados en misiones en el exterior, a salir de su país y regresar a él cuando lo deseen.
El documento destacó "el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política” para encaminar unas elecciones democráticas multipartidistas.
