Como preparación para el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba en 2023, las organizaciones Artist at Risk Connection (ARC) - PEN América, Christian Solidarity Worldwide (CSW), Freemuse y PEN Internacional han presentado un informe de mitad de período.
El EPU se refiere al proceso de revisión periódica llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que examina el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros. Cuba fue examinada en 2009, 2013 y 2018.
Este informe conjunto evalúa la implementación de las recomendaciones hechas en el tercer ciclo del EPU y evalúa el cumplimiento de las autoridades cubanas con las obligaciones internacionales de derechos humanos con respecto a las libertades fundamentales y los derechos culturales, en particular en lo que respecta a:
-Ataques a la libertad de expresión artística
-Restricciones al acceso a Internet y a los servicios en línea
-Limitaciones al derecho de reunión pacífica”
Como parte del proceso del tercer ciclo del EPU en 2018, el Gobierno de Cuba recibió 339 recomendaciones. De ellas, 226 fueron aceptadas, 30 no fueron apoyadas por ser "incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno", y 83 fueron anotadas. Algunas de las recomendaciones aceptadas y señaladas tenían como objetivo garantizar los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de religión o creencia.
Sin embargo, “la represión de las libertades fundamentales se ha intensificado desde el tercer ciclo del EPU en 2018. Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los artistas independientes -en particular los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) y el colectivo de artistas 27N- han sido objeto de una censura y un acoso sistemáticos iniciados por las autoridades cubanas”, señala el documento.
Entre 2018 y 2020, Freemuse, entidad danesa que defiende la libertad artística en todo el mundo, documentó 97 violaciones en Cuba. “Son violaciones que ocurrieron tras la aprobación de los decretos 349 y 370, los cuales silencian las opiniones creativas y políticas”.
El decreto 349 requiere a los artistas solicitar permiso del Ministerio de Cultura para realizar una exhibición pública y el 370 penaliza la diseminación digital de información contraria a los intereses sociales y políticos, precisa el documento.
Freemuse denunció que protestas pacíficas, como la campaña #NoalDecreto349 fueron reprimidas por el régimen, situación que también fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Después del tercer UPR, ARC-Pen America recibió informes de escritores, artistas y músicos que fueron castigados y presionados por el gobierno cubano. Algunas de las víctimas mencionadas en el informe: Amaury Pacheco, Michel Matos, Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelys Núñez Leyva y Tania Bruguera (quien colabora con ARC regularmente). Asimismo, recuerda que el rapero Maykel Castillo El Osorbo fue arrestado en septiembre del 2018 después de un concierto organizado para protestar el decreto 349.
“La vigilancia de los hogares sin orden judicial es otra acción represiva que refleja el incremento de la represión en Cuba”, advierte el informe. Señala, por ejemplo, que el 30 de junio de 2020 al menos 132 personas estaban detenidas, u obligadas a permanecer en sus hogares, o castigadas con la interrupción de su acceso a internet, y cita los casos de Carolina Barrero y Abu Duyanah Tamayo.
Acerca de la libertad de culto, el informe destaca el acoso a una curadora de arte de religión musulmana. “Fue acosada por un agente de la Seguridad del Estado que presionó al director de la galería para despedir a la artista y prohibirle usar vestimenta islámica”, indicó Christian Solidarity Worldwide. También denuncia que el Fondo Cubano de Bienes Culturales le prohíbe desde 2019 usar un hijab o realizar sus oraciones en el centro de trabajo.
El informe concluye con las siguientes recomendaciones al Gobierno de Cuba
- Ratificar los Convenios Internacionales de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos, y sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Anular los decretos 349 y 370
- Autorizar visitas de los relatores de la ONU, particularmente en materia de derechos culturales y libertad de asociación
- Cumplir con la resolución 40/6 de 2019 del Consejo de Derechos Humanos que protege el derecho de participar en la vida cultural
- Cesar de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones
- Liberar inmediatamente a todos los artistas detenidos por sus expresiones pacíficas
- Garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado desde el inicio de la privación de libertad
- Desarrollar una estrategia nacional y un plan de acción para mantener la seguridad de los artistas y trabajadores culturales antes del próximo examen del EPU
- Tomar medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución y las detenciones arbitrarias debido a su ejercicio del derecho a la libertad de expresión artística
