Un análisis de ShareAmerica, una plataforma del Departamento de Estado de Estados Unidos:
Mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa matando de hambre al pueblo venezolano y destruyendo su sistema de salud, hay algo más que continúa deteriorándose: La salud mental de los venezolanos.
Para aquellos que tienen diagnósticos de salud mental crónicos y graves, como esquizofrenia, depresión grave, trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo, el acceso a los médicos y a los medicamentos es esencial para permanecer vivos.
Las salas de psiquiatría de los hospitales venezolanos están en crisis. En medio de la escasez de medicina general en Venezuela, es casi imposible para aquellos que necesitan medicamentos psiquiátricos recibirlos. Según el doctor Julio Castro, coordinador de salud de la Asamblea Nacional, el 80 por ciento de los hospitales informaron de una falta total de medicamentos orales de benzodiacepina y un 60 por ciento no tienen medicamentos antipsicóticos orales; el 50 por ciento de los hospitales no tenían ni benzodiacepinas intravenosas ni medicamentos antipsicóticos.
Si un hospital no tiene la medicación que necesita el paciente, éste tiene dos opciones: un pariente que viva en el extranjero puede enviarla por correo o el paciente puede comprarlo de su bolsillo en la farmacia local. El costo de una receta de fenobarbital, un medicamento para la salud mental, es en promedio de alrededor de 70 dólares al mes; el salario mínimo en Venezuela es de 5 dólares al mes.
Castro comentó que en términos reales, los pacientes psiquiátricos están empeorando cada día y que deben ir a las salas de gravedad, pero el 50 por ciento de esas salas no tienen medicamentos así que al final, el paciente no tiene nada y termina muriendo.
Fuera del país, los venezolanos están luchando para superar estas mismas batallas de salud mental mientras que también lidian con el trauma del desplazamiento. Las Naciones Unidas calculan que más de 4,8 millones de refugiados venezolanos han salido de Venezuela, habiendo 3,9 millones en América Latina, el Caribe y los países vecinos de América del Sur, la mayoría de ellos en Colombia.
Los venezolanos “salieron de su país, en muchos casos con lo puesto y el dinero que tenían en el bolsillo”, explicó el doctor Pierluigi Mancini, experto en salud mental de los inmigrantes de América del Sur y Central.
Como resultado, las personas desplazadas a menudo no llevan consigo su historial médico, lo que significa que deben empezar de nuevo en un nuevo país lo que se hace cuesta arriba.
En Colombia, los refugiados venezolanos deben registrarse en el sistema de salud del país, pero muchos no lo han hecho. Hasta el 2018, sólo 28.069 venezolanos, de un total de 1,6 millones de refugiados, tenían estatus de refugiados, según un informe del gobierno colombiano. Los que no están registrados deben pagar cientos o miles de dólares de su bolsillo.
Todas estas barreras pueden parecer insuperables, especialmente para aquellos que tienen trastornos graves y requieren de medicación o tratamiento regular.
Según Mancini, cuando la gente ve a un individuo desplazado con un trastorno grave lidiando con ello abiertamente en público, “lo llevan a una sala de emergencia o a la cárcel”, dijo. “A veces, una cosa tras otra”.
